Sebastián Toledo
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Este 14 de enero tomó posesión la tercera junta directiva de la 9ª legislatura guatemalteca y por un mismo número de
ocasiones, bajo la presidencia de una mujer en más de 30 años, un hecho que se registrará como un espacio más que se avanza en el liderazgo del sector.
Acontecimiento que se da en medio de una serie de expectativas de todos los grupos de población y un congreso con grandes desafíos, tanto en la aprobación de leyes que el país necesita, así como en las demás funciones que la ley otorga a los miembros de tan alto organismo de Estado.
Entre otras acciones que se generan en los actuales días, está la conformación de las distintas salas de trabajo, una de las cuales debe atender los asuntos sobre discapacidad, de conformidad con el mandato del Decreto 16-2008. Instrumento que regula el papel del Estado en la aplicación e implementación de la Política Nacional de Discapacidad y la integración de una comisión legislativa para que fiscalice su cumplimiento.
La Comisión Sobre Discapacidad fue planteada desde 2008 por el movimiento nacional de personas con discapacidad.
La Comisión Sobre Discapacidad fue planteada desde 2008 por el movimiento nacional de personas con discapacidad, pero fue integrada por primera vez en el 2014 bajo la figura de Comisión Extraordinaria y, dos años más tarde, como comisión ordinaria. Durante los ocho años de trabajo ha impulsado importantes procesos, especialmente en el seguimiento de las acciones de Estado en función de los derechos de las personas con discapacidad.
Es justo reconocer que se han generado algunos aportes, sobre todo en la visibilización del tema en distintas acciones, pero se sigue en espera de la armonización del marco legal con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una de las observaciones realizadas al Estado guatemalteco desde el 2016 por el Comité de Expertos de la ONU.
Los legisladores que asuman la responsabilidad de dirigir la sala de discapacidad en 2022, deberán establecer espacios de diálogo y consulta con las organizaciones que representan al sector para impulsar procesos que respondan a sus necesidades y demandas.
Las organizaciones por su parte e instituciones vinculadas a la promoción de sus derechos, deberán formular propuestas y dar el acompañamiento al trabajo de esta comisión legislativa, de tal manera que se cumpla con nuestras expectativas.
