Por donde quiera verse, no hay alegato que valga en la ejecución de tan deleznable e injustificable crimen.
Ahora resulta que Guatemala tiene que pedir disculpas a Belice por la muerte inaceptable de un ciudadano chapín en la zona de adyacencia. Verdaderamente, causa estupor, indignación y preocupación la forma, a todas luces incongruente y parcial, con que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha manejado el caso en el cual perdió la vida, el 20 de abril de este año, el niño Julio René Alvarado Ruano, de tan solo 13 años, víctima de las balas asesinas disparadas por elementos militares beliceños.
Derivado del informe presentado por la comisión de investigación de la OEA, en el cual detalla pormenores del asunto y en el que se exculpan a las fuerzas armadas de Belice de perpetrar el asesinato contra el joven petenero, sobre la base de declaraciones de integrantes de ese Ejército, documentos y fotografías que no fueron adjuntadas, se han desprendido una serie de señalamientos que mantienen una tensa relación entre ambos países.
En tal sentido, hay aspectos denunciados por el Estado guatemalteco que no fueron tomados en cuenta en la elaboración y posterior exhibición del mencionado informe, que hoy intenta justificar el cobarde asesinato del campesino a manos de soldados de ese país, calificándolo de “defensa propia” ¡Vaya interpretación! ¿O será cinismo?
No fue un perro al que le dieron muerte y tampoco es el primer caso que sucede en esa zona letal, pues van 10 guatemaltecos que han perecido por supuestamente violar la soberanía de la vecina nación. En pleno siglo XXI, es ridículo imaginar que un morral, un sombrero y algunas herramientas para labrar la tierra, machetes, azadones y piochas, sean armas mortíferas que puedan intranquilizar y poner en alerta a tropas beliceñas que patrullan esa área para abrir fuego al mínimo y sospechoso movimiento.
Por donde quiera verse, no hay alegato que valga en la ejecución de tan deleznable e injustificable crimen. Sin duda que procede el total rechazo a lo que las autoridades beliceñas pretenden hacer creer utilizando argucias para mantenerse alejados de lo que realmente sucedió, bajo el escudo de la OEA. Es razonable el reclamo de nuestro Gobierno y la exigencia de ampliar el documento en el cual se incluyan los análisis técnicos y científicos de la escena del crimen, que den validez a las pruebas presentadas y desvirtúen de manera precisa, lo que ahora parecen testimonios dirigidos y malintencionados.
Si bien es cierto que nada justifica adentrarse en un territorio ajeno sin el permiso respectivo, tampoco el caso ameritaba las medidas tomadas que causaron la muerte del labrador chapín. Vale recordar, que en agosto del año pasado, 180 beliceños desembarcaron en un islote a la orilla del río Sarstún, Izabal, para tratar de apropiárselo y las disculpas de ese Gobierno por el atrevimiento de sus ciudadanos aún las seguimos esperando. Por ello, es imperativo que se agote el diálogo entre los dos estados en el cual prevalezca la justicia y la verdad, para que no se repitan hechos similares.
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