En el caso de los fideicomisos públicos aunque cierto es que tal y como lo afirma el editorial de El Periódico del pasado lunes podría tener la palabra el Congreso ya que, en efecto, es en manos suyas que se encuentra la elaboración de las leyes y, en consecuencia, bien podría regular todo lo referente a los fideicomisos públicos e incluso, suprimirlos, pero me parece que lo dicho es una forma de quitar responsabilidades a la verdadera responsable, la Contraloría General de Cuentas, institución que en lo que se refiere a fideicomisos públicos tuvo en todo momento la palabra –la tiene–.Me explico.
Corresponde a la Contraloría General de Cuentas por mandato constitucional expreso, tal la función que justifica su existencia, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Estado y, en sus manos, en consecuencia, la fiscalización de todos los ingresos y gastos de aquellos fideicomisos que se nutren de recursos públicos y, es tal su poder de fiscalización –y su deber de ejercerlo–que si uno de estos se establece obviando la fiscalización que le corresponde, puede la Contraloría General de Cuentas repararlo en su totalidad y accionar en su contra.
La constitución de fideicomisos públicos que excluyan la obligada fiscalización de la Contraloría General de Cuentas constituye un fraude de ley puesto que –celebrándose un negocio lícito, la constitución de un fideicomiso– se burla una norma jurídica que en este caso –además– es de carácter constitucional, la que ordena la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas de todos los ingresos y gastos del Estado.
Si la constitución del fideicomiso –institución en la que los recursos públicos se convierten en privados– no admite la fiscalización del uso final de los recursos –no importa que se hayan hecho ya privados– contraría lo que la Constitución establece y, en consecuencia, son inconstitucionales –y constituyen delito– tanto la constitución realizada como los actos que derivan de la misma.
Claro está que el Congreso de laRepública podría tener la palabra en este tema –como en todos– en sus manos como se encuentra la elaboración de las leyes (Podría suprimir los fideicomisos públicos) pero pienso que lo que corresponde hacer es que se cumplan las leyes existentes: Exigir que la Contraloría General de Cuentas ejerza su poder –lo tiene– y fiscalice todos los ingresos y egresos del Estado –incluidos los fideicomisos públicos–.
Si preciso, incluso, que certifique esta lo conducente. No es el Congreso de la República ¡Por favor! sino la Contraloría General de Cuentas, quien tiene la palabra.
