La suspensión temporal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 comienza a mostrar sus efectos más sensibles en los territorios con mayores carencias.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad de frenar el monto aprobado, al dar validez a un amparo de manera provisional, obliga a realizar ajustes con los recursos que se tuvieron en 2025.
Esto limita la inversión pública y podría profundizar las brechas de pobreza en varias regiones del país, según advierten autoridades del Ejecutivo.
El impacto alcanza de manera directa a cerca de 10 millones de personas que habitan en 178 municipios, los cuales representan el 52 % del total, que recibirán una asignación menor del situado constitucional en 2026.
La reducción de recursos frena programas clave de combate a la pobreza, restringe la inversión en infraestructura, seguridad y desarrollo social, y compromete la atención de las poblaciones más vulnerables.
Durante La Ronda, que es la primera de este año, el viceministro de Finanzas Públicas, Walter Figueroa, explicó que operar con el presupuesto de 2025 genera una brecha superior a los Q8 mil millones frente al proyecto autorizado para el presente ciclo.
“Esto obliga a ajustar la inversión pública a un techo de Q148 mil 526 millones, lo que posterga proyectos estratégicos que ya estaban planificados”, señaló.
Entre las implicaciones inmediatas figura la suspensión de recursos destinados a metas presidenciales, como la construcción y remozamiento de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola. También queda desfinanciada, por el momento, la cárcel de máxima seguridad contemplada en el Decreto 11-2025, pieza clave de la estrategia contra las estructuras criminales.
Asimismo, se detienen inversiones en puertos y aeropuertos, fundamentales para dinamizar la economía y el comercio. A ello se suma la supresión de fondos para entidades de reciente creación, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y la Superintendencia de Competencia.
Préstamos, en riesgo
En materia de financiamiento, Figueroa advirtió que cinco préstamos aprobados por el Congreso, por un total de US $1mil 350 millones, corren el riesgo de no ejecutarse con eficiencia debido a la falta de un marco presupuestario actualizado, lo que compromete proyectos de gasto social, electrificación rural e infraestructura vial.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) confirmó que la reducción del situado constitucional es a causa de aplicar el presupuesto vigente de 2025. Carlos Mendoza, presidente de la comisión del Cálculo Matemático, explicó que el procedimiento se efectuó conforme a la normativa, considerando variables como población, ingresos propios per cápita y criterios de equidad territorial (Lea: Brechas se ensanchan).
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