Sin lugar a dudas, el hecho histórico reciente más importante en el subsector eléctrico de Guatemala fue el proceso de reestructuración que se inició con la emisión de la Ley General de Electricidad, Decreto 93-96. La característica principal de este proceso fue dejar en manos de inversionistas privados la decisión económica de la ampliación de la generación y de la transmisión, obedeciendo únicamente a señales de mercado.
Hasta ese momento, las decisiones de ampliación habían sido realizadas por la empresa estatal, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), el cual tenía el monopolio de la generación, transmisión y distribución pero que, como otras actividades del Estado, se encontraba en crisis financiera que no le permitía realizar nuevas inversiones.
En lugar de eso, en el nuevo modelo los participantes del mercado eléctrico decidirían si invierten en una nueva planta de generación, de acuerdo a sus expectativas de negocio y de rentabilidad. Con la reestructuración del subsector eléctrico como mercado libre de generación, en 1996, la planificación de largo plazo de la expansión, que hasta ese momento la realizaba el INDE, quedó relegada.
La planificación de largo plazo de la expansión que hasta ese momento la realizaba el INDE, quedó relegada
El mecanismo propuesto para promover inversiones, sobre todo en recursos renovables, fue la realización de licitaciones de compra de potencia y energía para los usuarios finales de las distribuidoras para adjudicar contratos de largo plazo (15 años como máximo), ya que se reconoció que la señal del precio marginal de corto plazo (precio spot) no era suficiente para garantizar las inversiones, sobre todo en recursos renovables que generalmente tienen plazos largos de recuperación de capital.
Las licitaciones de largo plazo están íntimamente ligadas con la Política Energética que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas en los diferentes períodos presidenciales, desde 2007, las que han planteado entre otros objetivos: el aumento de la oferta de generación a precios competitivos y la diversificación de la matriz energética, priorizando el desarrollo de las energías renovables; adicionalmente, se tomó en cuenta la planificación que realizó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) en el año 2008 como producto de las reformas a los reglamentos de la Ley General de Electricidad y al del Administrador del Mercado Mayorista emitidas en 2007, las cuales de manera transitoria le daba la obligación de realizar la planificación de la expansión y los procesos de Licitación Abierta a la CNEE.
