La violencia continúa siendo una de las mayores preocupaciones en la región latinoamericana, casi al mismo nivel que la situación económica de cada país que la conforman. Las cifras, aunque han mejorado en algunos casos específicos, no dejan de ser datos de una situación endémica para la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el promedio de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para América Latina es de 19 víctimas para el año 2017, muy por encima del promedio mundial que es de 8 casos.
La concentración de la violencia continúa en por lo menos 10 países de Latinoamérica y el Caribe. Un dato sumamente preocupante es que, han aumentado las pérdida, de vidas humanas en países que antes eran ejemplo de seguridad. En cuanto al impacto económico, según el estudio Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, los hechos contra la vida y los delitos en general, le cuestan a la región el doble en comparación de los países desarrollados, lo que significa en promedio, un 3.55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la revista digital Seguridad Personal y Profesional la situación es complicada, países como Ecuador, Colombia y El Salvador están sufriendo atentados contra fuerzas policiales y militares; mientras Costa Rica presentan tasas de homicidios inquietantes, siendo Nicaragua el país más seguro en Centroamérica. Para estudios diversos en materia de seguridad, cuando de mejorar la situación se trata, pareciera que se están haciendo las cosas al revés, porque en lugar de invertir en educación y salud, como una forma de prevenir el problema de raíz, los gobiernos le están dando prioridad al armamento y equipo de las fuerzas de seguridad, que en poco ayudaría a mejorar la situación. A estas alturas, hablar de la formulación de políticas públicas es tan trillado, estas ya existen y están siendo implementadas, pero es indispensable que vayan de la mano con el fomento de una cultura de legalidad y transparencia, trabajando en líneas de acción que mejoren la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de velar por la seguridad en cada país latinoamericano.
