En columna aparecida esta semana en el matutino El Periódico, se queja la columnista María Aguilar del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado, presupuesto recién aprobado, y trata de señalar las causas de su queja, pero se pierde en las ramas y olvida la esencial: que, en tal aprobación, los electores no se sienten representados –ni lo están–, vicio que no deriva de que los diputados sean seres humanos buenos o malos, géneros estos que no existen, sino de la forma en que se eligen.
Mal podría ser, al aprobado, el presupuesto que los electores quisieran –la columnista, me imagino, que también electora–, cuando es inexistente el cordón umbilical entre electores y electos; entre los diputados que formulan el presupuesto y quienes les eligen diputados.
En el sistema que nos rige no sabe el elector siquiera quién es SU diputado, razón más que suficiente para comprender que carece de la posibilidad de incidencia alguna en el presupuesto que formula quien le representa.
El origen del Parlamento –el Congreso– se encuentra en la necesidad sentida por la población de poner límites al poder absoluto de los reyes, el poder absoluto de fijar los impuestos y decidir sobre los gastos.
El presupuesto del Estado, ingresos y gastos, es la razón de ser del parlamento: tal, el gran debate.
El problema de nuestro parlamento –congreso– es que los electores no se sienten en él representados –ni lo están– y que el presupuesto, en consecuencia, no es producto de sus principios, intereses y valores.
La columnista es tan ajena al Parlamento, Congreso, como lo somos todos los demás electores, y lo seguirá siendo, como lo seguiremos siendo todos, en tanto no se cambie la forma en que se elige a los diputados que lo integran.
El elector, en el sistema que nos rige, el sistema de listado nacional de diputados y de listados distritales (inmensos los distritos) carece de posibilidad alguna de sancionar su desempeño.
Al Congreso únicamente llegan aquellos que son postulados por los partidos políticos (los partidos ejercen el monopolio de las postulaciones y ningún ciudadano tiene la posibilidad de postularse como candidato para formar parte del Congreso, si no lo respalda un partido), definiendo los partidos los listados de candidatos y la posición que ocupan en los mismos.
El mandato del diputado electo es de cuatro años –un periodo que resulta demasiado largo para nuestra realidad política– y el elector carece del poder de castigar su mal trabajo y de premiar el bueno, ignorante el elector, incluso (¡es el colmo!) de quién es SU diputado.
¿Cómo premiarle o castigarle si no sabe quién es SU diputado?
La crítica de la columnista es válida, pero muy distante de llegar al meollo de los vicios que critica y de la forma en que podríamos llegar a superarlos.
En tanto no se cambie la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso –no es el problema quienes llegan, sino la forma de elegirles–, no se sentirán representados los electores, ni lo estarán y nula será, en consecuencia la incidencia que puedan tener en la formulación del presupuesto.
La queja de la columnista se seguirá repitiendo, una y otra vez, hasta que se cambie la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso; sepa –así– el elector, ya establecido el sistema de los distritos pequeños, quién es su diputado y sepa el diputado que si no es leal a los principios, valores e intereses de sus electores, si no les representa como debe, no le reelegirán en el Congreso.
¿Un presupuesto que no responde a los intereses, principios y valores de las poblaciones indígenas? ¿Cómo incidir esta en el Congreso, si ausente del Congreso, la población indígena?
Si se cambia la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso y se adopta el sistema de los distritos pequeños, serán muchos los diputados indígenas que lleguen al Congreso, ganadores en múltiples distritos.
En las elecciones de 2019 ya no será posible tener el sistema de los distritos pequeños, ya que introducirlo implica la reforma del artículo 157 de la Constitución Política de la República, con el voto favorable de al menos las dos terceras partes del total de diputados que lo integran y posterior aprobación por el pueblo, en Consulta Popular, algo que es imposible, a estas alturas, para que pudiera aplicarse en estas elecciones pero que, si empezamos, desde ya, a hacer el esfuerzo de lograrlo, tampoco lo tendremos en las elecciones de 2023 y –si persistentes en lo mismo–, como que si los cambios pudieran producirse por emanación espontánea, quizá no lo logremos nunca.
¿La sustitución de los malos por los buenos? ¡Por favor!
Enfrentemos la necesidad de cambiar el sistema de elegir a los diputados que integran el Congreso, y asegurar así que –llegue quien llegue– se comporte; la guadaña del elector siempre al acecho; presupuesto, leyes y grandes decisiones nacionales, la expresión de los principios, intereses y valores del elector, o echado quien represente del Congreso.
Tal, claro y sencillo, el sistema que funciona.
¿Por qué habría de ser nuestro destino, el mar de lágrimas de las quejas?
