El sentido común debería bastar. O leerse y entender la Constitución. La norma no es complicada; al contrario, es muy clara y directa. “Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio”. Así de contundente es el inciso f, Artículo 194, de nuestra Carta Magna, relativo a las
responsabilidades de los ministros de Estado.
En dos platos, la función pública no es delegable. Nadie, con cinco dedos de frente, puede exigir y reclamar un derecho que no le corresponde. Por mucha fuerza política que tenga. La dirigencia sindical debe aceptar que hay atribuciones ajenas a su competencia y, por lo tanto, sus aspiraciones deben centrarse en el marco legal. Sobre todo en el Estado, donde solo se puede hacer lo que la ley permite.
Desde estas perspectivas deben verse las exigencias que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) busca incluir en el Pacto Colectivo que negocia con el Ministerio de Educación (Mineduc). Una de ellas, la posibilidad de veto en las capacitaciones que se ofrecen a los docentes.
Cuando se hace un esfuerzo, tal vez se puede comprender la intransigencia de Joviel Acevedo. Acostumbrado a arrodillar a los gobernantes de turno, el añejo dirigente no quiere perder privilegios. Y exige lo que no le corresponde.
Pero hoy se viven otros tiempos. La democracia gana terreno, pese a los pataleos del pacto de corruptos, que día a día pierde dominio, pese a que se entromete en la investigación penal y en el sistema de justicia.
La delegación que representa a la cartera de Educación en la mesa que analiza el nuevo Pacto Colectivo de los maestros ha hecho ver el sinsentido de algunas demandas.
Además, rechaza que en el acuerdo de las nuevas condiciones de trabajo se pretenda normar asuntos que solo le conciernen a la ministra Anabella Giracca, al presidente Bernardo Arévalo y a la vicemandataria Karin Herrera.
Coaccionar por derechos ilegítimos no es el camino. Sobre todo, cuando se quiere forzar una secretividad que no corresponde. Lo cierto es que, así como las personas se acostumbraron a vivir entre prerrogativas e impunidad, también deberán familiarizarse con la imposición del Estado de derecho. Los tiempos cambian. Los privilegios terminan.
