La aplicación del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, cosechó también los frutos de la gran obra de infraestructura que desarrolló el ubiquismo y la liberación del mercado laboral al eliminar Ubico las deudas de los campesinos que los mantenían cautivos en las fincas. Ambas medidas permitieron una gran movilidad de personas y de productos por todo el territorio nacional, creando una oportunidad para los comerciantes que vieron opción en fomentar el consumo entre los campesinos que podían optar a nuevos trabajos agrícolas u obtener tierras en el Departamento Agrario Nacional -DAN-, ente encargado de ejecutar la Ley de Reforma Agraria.
De acuerdo al historiador Solórzano Fernández, se hizo frecuente en el campo guatemalteco el paso de comerciantes ambulantes que ofrecían sinnúmero de productos como bicicletas, estufas de gas, botas de hule, ropa, pero sobre todo: “La comunicación eléctrica trajo la incorporación de un gran grupo de analfabetas a través de los radios transistores (…) a partir de 1950, una avalancha de agentes viajeros invadieron las fincas, pueblos y caseríos, vendiendo pequeños aparatos de radio transistores a muy bajo precio y a plazos, por lo que era fácil ver a los trabajadores campesinos, principalmente a las mujeres, con su radio colgado al cuello, oyendo música, discursos políticos o propaganda comercial…”
Una avalancha de agentes viajeros invadieron las fincas.
Es en este contexto, luego de derrocado el presidente Árbenz, el Estado continúa sus esfuerzos por construir su propia capacidad de generación de energía. Durante el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas se siguieron los planes de construcción de la hidroeléctrica Jurún Marinalá y, como apunte interesante, cito al historiador Javier Calderón: “… aunque la Empresa Eléctrica le presentó al gobierno opciones más económicas, incluso la construcción de una central atómica de 10 megavatios, este optó por seguir con el plan que fuera el gobierno el que construyera Jurún Marinalá para satisfacer la creciente demanda de electricidad…”, no obstante lo anterior, continúa Calderón, la tardanza del gobierno en iniciar la construcción del proyecto y luego el asesinato de Castillo Armas en 1957, permitieron que la Empresa Eléctrica de Guatemala continuara desarrollando su propio programa de expansión de la generación.
Cabe agregar que la opción de centrales atómicas para generación de energía eléctrica habrá obedecido a algún modelo de desarrollo de los Estados Unidos, probablemente de la naciente Alianza para el Progreso, pues al igual que en Guatemala, en Vietnam se ofreció esta misma tecnología. Durante el gobierno del coronel Castillo Armas, en consonancia con las ideas de Ubico sobre que debería ser el Estado quien fijara las tarifas de electricidad y tomara las decisiones en cuanto a la ampliación del parque generador, se desarrolló la propuesta de ley para la creación del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-.
