Vil y cruel son algunas acepciones que la Real Academia Española aplica al término perverso. Luego de la nueva investigación periodística que presenta el diario oficial en sus principales páginas, coincidiremos en que los significados no alcanzan a describir la maldad con que operan algunos contratistas del Estado.
Lo constatado por el Diario de Centro América (DCA) en cinco de las siete escuelas asignadas por las anteriores autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a la empresa Arinsa, Sociedad Anónima, trasciende los simples incumplimientos de contratos y se apega más a la podredumbre moral con que se distribuían los negocios en los anteriores gobiernos.
Veamos algunos descubrimientos. En la Escuela Oficial Urbana Ulises Rojas, Bárcenas, Villa Nueva, los alumnos reciben clases una vez a la semana porque 12 de las 19 aulas siguen sin remozarse, lo que obliga a hacer turnos para el traslado de conocimientos. El colmo es que los albañiles se han
robado el material, dado que el contratista no les paga.
Similar situación se comprobó en la Escuela Oficial Urbana Mixta El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva. Este centro permaneció cerrado porque algunos herreros se llevaron las llaves tras no recibir sus salarios. En la Escuela Oficial Urbana Mixta Fray Bartolomé, zona 6 de la ciudad capital, se carece de agua y los niños deben llevar el líquido para ir al baño. Aquí, los pequeños llegan tres horas al día por los ruidos, polvo y peligro que representan los trabajos que se realizan. El
establecimiento también fue saqueado.
La Escuela Oficial Urbana Mixta Juana de Arco, zona 18, no ha podido abrir sus puertas porque los escombros inundan los pasillos, gradas y canchas, por citar lo menos.
Ante tal calamidad, el CIV presentó denuncia en el Ministerio Público (MP), lo que tal vez garantice el castigo contra los responsables, pero jamás la recuperación de las oportunidades perdidas por los alumnos tras la desenfrenada corrupción que primó en el Organismo Ejecutivo.
