Hay aspectos no negociables en la iniciativa de lavado de dinero

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La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) descartan aceptar modificaciones que toquen temas torales a la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, presentada por el presidente Bernardo Arévalo, en julio de 2025.

Saulo De León (SL), titular de la SIB, y Juan Carlos Monroy (JM), jefe de la IVE, indicaron en entrevista con el Diario de Centro América que la propuesta cierra en un 70 % las brechas identificadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por lo cual no son negociables. Algunos temas son la inclusión de sectores profesionales como personas obligadas y cambiar el enfoque basado en reglas a uno de riesgo.

Perfil

Las transacciones sospechosas en 2025 sumaron casi Q16 mil millones, ¿a qué atribuyen este incremento?

(SL) Responde a nuevas capacidades desarrolladas en la IVE. Nos encontramos con que la tecnología, transferencias electrónicas, pagos digitales, remesas que vienen a través de canales electrónicos, estaban generando un incremento en el volumen transaccional.

Esto nos presentó la necesidad de cambiar la forma en que se analizaban los reportes de transacciones sospechosas (RTS). En ese sentido, planteamos una estrategia desde 2018 de contratar ingenieros de datos para encontrar conclusiones importantes en grandes cantidades de números.

¿Derivado de ello, qué reformas implementaron?

(SL) Nos llevó a cambiar el análisis operativo de la IVE, a quitar el pensamiento de que un RTS generaba una denuncia. Ahora, una denuncia incluye hasta 40 reportes. Y esos 40 reportes contienen mucha información, y dentro de esta, grandes volúmenes de dinero.

¿La digitalización de esas operaciones podría generar más RTS?

No necesariamente. Recordemos que las transacciones sospechosas las detectan las personas obligadas y estas tienen mecanismos internos para prevenir que sean utilizadas para lavar dinero.

Todo el sistema está hecho para que el banco, cooperativa de ahorro y crédito, casa de bolsa, no sea utilizada para estos ilícitos.

Desarrollan sus mecanismos de conocimiento del cliente y de sus productos y también mecanismos de reporte.

Allí alguien identifica una peculiaridad; por ejemplo, una persona que llega con mucho efectivo o que acude cinco veces en un día a una agencia a hacer diversos depósitos; cosas que traspasan la usualidad.

Esos mecanismos arrancan como eso: un reporte de inusualidad. Luego, conlleva un procedimiento a lo interno que culmina en una decisión. Puede ser un reporte inusual justificado y se archiva, o se convierte en un RTS que se debe comunicar a la IVE.

¿Cómo ha evolucionado la detección de alertas?

(JM) Las señales de alerta que las personas obligadas toman en consideración para ese monitoreo, no es estático. Tienen que estar indagando sobre cuáles son los nuevos mecanismos y tipologías a las que nos enfrentamos. Como Superintendencia les proveemos insumos a fin de que puedan robustecer esas medidas preventivas que mencionaba el superintendente.

Y principalmente, haciendo una especial calibración, lo voy a decir de esa manera, al monitoreo transaccional que realizan para que sean más eficientes en la detección de esas inusualidades y luego de aplicar una debida diligencia, determinar si es sospechosa y de esa cuenta reportarla a la IVE.

¿Cuál es el modus operandi de las organizaciones multicriminales de las que detectaron un lavado de Q3 mil 800 millones?

(SL) Recordemos que el lavado de dinero es un fenómeno criminal que nace de la necesidad de otros fenómenos delictivos. Pongámonos a pensar que el delincuente que secuestra, que roba, que defrauda, que estafa, el extorsionador, el corrupto, el narcotraficante, todos ellos buscan dinero.

Y persiguen que ese dinero se transforme en bienes, vehículos, apartamentos, chalés en la playa, inmuebles en el extranjero. Y para pasar el dinero obtenido del delito al bien que se quiere gozar, hay en medio operaciones que se tienen que hacer. Si nos ponemos a pensar que cada delincuente tendría que tener su estructura de lavado, le resultaría costoso.

Entonces las organizaciones multicriminales surgen como un mecanismo para lavar dinero a la carta. Es decir, yo le blanqueo a quien traiga dinero sucio, independientemente de su origen.

¿Y esto es nuevo en el país?

(SL) Este era un fenómeno que no veíamos en Guatemala y creo que es importante resaltar este gran logro que tenemos de ya tener visibilidad de esto.

(JM) En lenguaje internacional a esto le llaman profesionales de lavado de activos, personas que se especializan en montar estructuras jurídicas, que constituyen cuentas bancarias en jurisdicciones locales o extranjeras, e incluso utilizan mecanismos como los activos virtuales para movilizar esos fondos.

¿Cómo operan esas entidades en Guatemala?

(SL) El lavado de dinero lo que busca es mostrar ante la sociedad que es producto de un negocio lícito. Se constituyen compañías, asociaciones, fundaciones, toda una base jurídica que les permita tener personería para abrir cuentas bancarias y engañar, o pretender engañar a la sociedad, de que son negocios muy exitosos y muy rentables.

¿Quiénes participan en el esquema de represión del blanqueado de capitales?

Es una cadena que arranca en las instituciones bancarias y culmina con la sentencia en el Organismo Judicial y las instancias que sigan.

Esos Q3 mil 800 millones es una muestra de lo que hemos detectado. Nosotros no podemos aseverar que eso sea lavado; eso le corresponde al Ministerio Público mediante los mecanismos de investigación pertinentes.

¿Cuántas denuncias presentó la IVE en el MP?

(JM) Las denuncias que presentamos en 2025 fueron 318 por Q15 mil 967.2 millones e involucran a 2 mil 595 personas, tanto individuales como jurídicas.

La IVE, cuando identifica la existencia de bienes que puedan ser objeto de una extinción de dominio, envía también informes de este tipo al MP. En 2024 se mandaron alrededor de 50 informes por Q785 millones y el año pasado, 55, por Q182 millones.

¿Qué tanto se involucran las mujeres en temas de extorsión?

(JM) Se puede decir que un 60 % son mujeres y el 40 restante, hombres. Y las edades entre las que se sitúan las personas involucradas, cobrando, digamos, en sus cuentas, están entre los 25 y 35 años.

¿Qué sector es más proclive para el blanqueo?

(SL) No hay sector que no sea vulnerable. Como lo que persiguen es despistar, engañar, disfrazar a la sociedad, buscan cooptar cualquier institución. Usted se preguntará por qué razón hay tantos autoteles en Guatemala. ¿Será que hay un movimiento real acá? Vemos en todos los niveles empresas de purificación de agua, taxistas informales. El lavado de dinero es un gran chorro de agua que busca grietas de dónde meterse. Y en eso no identifica una predilección.

¿Qué comunicación han tenido con el Congreso para discutir la iniciativa de ley contra el lavado?

(SL) Hemos estado muy atentos a la evolución de la emisión del dictamen por parte de la Comisión de Economía. Entendemos que han discutido ampliamente la propuesta. Nos han contactado sinfín de veces para consultar sobre posibles versiones del texto original.

Y hemos sido muy contundentes en decir que hay temas no negociables, que sí o sí, tienen que caminar porque de lo contrario la misión de Gafilat no identificaría al país como realmente comprometido en la lucha contra el lavado de dinero.

¿Cuáles son esos temas no negociables?

(SL) Se refieren a las brechas identificadas en la última evaluación de Gafilat. En 2016 fue la última evaluación mutua. Ya llevamos 10 años desde que Gafilat no pisa tierras guatemaltecas para evaluarnos y en ese entonces identificaron varias brechas. Dentro de estas, está la inclusión de notarios y juegos de azar como personas obligadas.

También la definición del tipo penal del delito de financiamiento de terrorismo. Es importante que tengamos una legislación que incluya a aquellas personas que proveen servicios de criptomonedas.

¿Qué reformas implica la inclusión del concepto basado en riesgos contenido en la iniciativa?

(SL) La moderniza desde la perspectiva de la persona obligada, el banco, cooperativa, que aplica medidas de conocimiento del cliente. Y también establece mecanismos para destinar fondos y esfuerzos donde es más importante.

Yo estoy muy convencido de que esta ley va a traer muchos beneficios no solo a a la economía y al comercio, sino también al guatemalteco de a pie que necesita servicios bancarios o en una cooperativa.

¿Cuál sería ese beneficio?

(JM) En el sentido de que la persona obligada identificaría si este usuario representa un alto o un bajo riesgo para él. Si es bajo, las medidas de debida diligencia, que es conocimiento del cliente, el monitoreo que le realizaría, pues serían un tanto más simplificados.

Las instituciones financieras tendrían su enfoque en personas naturales o jurídicas que estarían transando con mayor cantidad de fondos y que representan para ellos un alto riesgo.

¿Hay otros beneficios globales de este enfoque?

(JM) No solo aplicaría para la persona obligada como tal, sino que en principio para el país, que tendría que identificar en dónde están las amenazas principales del lavado de dinero y enfocar los recursos de un Ministerio Público, de un Organismo Judicial, de una Superintendencia de Bancos, de una IVE, de un Ministerio de Gobernación, en atacar precisamente esos delitos que nos están afectando.

¿Cada cuánto debería actualizarse esta ley?

(JM) Digamos que en la medida en que evolucionan las recomendaciones de Gafilat, es que nosotros debemos ir acondicionando nuestro normativa. De 2015 a la fecha ya tuvo que haber sido reformada unas dos veces. Yo creo que en 2015 ya necesitábamos una, pues tenía 15 años de vigencia.

¿Por qué la urgencia de que se apruebe ahora si la misión de Gafilat viene el otro año?

(SL) La urgencia la mantenemos desde el 2020. En ese año presentamos la iniciativa 5820. Como IVE hicimos el esfuerzo de pasar por los procesos administrativos para que hubiese una ley contra el lavado de dinero desde esa fecha. Ahora vemos avanzar un esfuerzo que comenzamos en 2018.

De no aprobarse, ¿podría afectar la calificación de riesgo?

(SL) Sí. ¿Cómo nos miran los bancos internacionales? A través de informes. Si nosotros quisiéramos invitar a un banquero internacional que gestiona un crédito para una empresa guatemalteca a que conozca el país, no se puede. Lo que se hace es que expertos califiquen a la nación para establecer una fotografía de lo que es y de lo que no es.

Y el informe de evaluación mutua (de Gafilat) es una fotografía en materia de transparencia financiera y de compromiso en la lucha contra el lavado de dinero.

Si el inversionista, el banquero o el organismo internacional piensa colocar dinero e identifican que en Guatemala no cumplimos con las normas de lavado de dinero, entonces, lo van a pensar dos veces.

¿Afectaría también las remesas?

(SL) Recordemos que Guatemala es un alto receptor de remesas que vienen de Estados Unidos, y son canalizadas a través de bancos y empresas estadounidenses. Entonces tenemos ahí algunas limitantes que podríamos predecir respecto del flujo de dinero hacia Guatemala.

¿Qué aspectos evaluará el Gafilat?

(JM) En un principio evalúa cómo Guatemala ha cerrado las brechas de este último informe del que fue objeto en 2016. La iniciativa 6593 viene a cerrar casi el 70 % de esas brechas señaladas, más aquellas incorporaciones que se le hicieron para subsanar o para estar al día de las modificaciones que tuvieron las 40 recomendaciones. El cambio más reciente que tuvieron las recomendaciones del Gafilat fue en junio de 2025.

Pero esa evaluación viene no solamente a medir si está en ley, sino que también cómo esa ley se implementa. Y ese es el sentido de urgencia que tenemos de salir con la ley, reglamentarla y luego de ello implementarla.

¿Es decir, demostrar que funciona?

(JM) Que hay condenas, que hay personas obligadas nuevas y ya tienen todo un sistema de prevención robusto, que están implementando esas medidas para conocer a sus clientes, para detectar transacciones sospechosas. Entonces, todos esos son los cambios que se vienen para poder demostrar esa efectividad ante la evaluación de la que seremos objeto en el 2027.

¿Esta ley va a abrir la información bancaria de todos los guatemaltecos?

(SL) No. Nosotros ya tenemos una ley de lavado de dinero. Y esta que está vigente mantiene la protección de la información de los usuarios del sistema bancario, de la misma manera que esta reforma. No se pretende de ninguna manera revelar información sobre transacciones o sobre operaciones bancarias de la población.

Esto es con el único propósito de perseguir a aquellos criminales que buscan lavado de dinero. Esto no va a afectar al ciudadano que honradamente se gana su dinero por su trabajo, por su labor de dependencia o por esfuerzos propios, sanos y correctos. Esta es una ley que está dirigida únicamente contra los delincuentes que lavan dinero.