Después de un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara responsable al Estado guatemalteco de violar los derechos humanos de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán, Luis Ruiz Luis y sus familiares, hecho ocurrido en 1989, durante del conflicto armado interno, el Gobierno ofrecerá hoy disculpas públicas, en un acto en el que se prevé la participación del presidente Bernardo Arévalo.
En su momento, la Corte ordenó, entre otras medidas de reparación moral, la búsqueda de los cuatro desaparecidos y diseñar y poner en operación una estrategia para la localización de otras víctimas. También pidió que se ejecute una política de Gobierno que desclasifique, conserve y permita el acceso a los archivos y registros documentales en poder del Estado.
La entidad concluyó que estas personas fueron amenazadas y perseguidas por agentes, debido a la defensa que ejercieron de sus comunidades, lo que forzó su desplazamiento de Quiché, su lugar de residencia, a Suchitepéquez, de donde, en abril de 1989, fueron desaparecidos. La entidad internacional estableció que aún no se han cumplido los requerimientos de investigación, juicio y, si es el caso, sanción.
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