Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.
Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.
Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.
En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.
De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.
Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.
