Cooptación institucional y prácticas de naturaleza antidemocrática se imponen en la Universidad de San Carlos (USAC) bajo la gestión del rector Walter Mazariegos, denuncia el informe Transgresión del derecho a la educación y prácticas antidemocráticas en la USAC, publicado por la asociación civil Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS). Según el análisis, esta administración ha transgredido la autonomía universitaria, impuesto autoridades, ejecutado cambios normativos regresivos, vulnera derechos laborales y utiliza mecanismos de represión.
El escenario de “retroceso democrático”, según el documento, se inició con un proceso electoral “irregular” en 2022, cuando Mazariegos fue electo con “impedimentos administrativos para la inscripción de planillas opositoras, falta de publicidad de los nombres de los electores y limitación del acceso a los espacios de votación, entre otras”.
A partir de su toma de posesión, se han registrado abusos de autoridades afines a Mazariegos en las unidades académicas. La misma práctica se dio en el Consejo Superior Universitario (CSU). “Estas decisiones permiten ejercer control en procesos internos de cada unidad académica y genera condiciones para la administración discrecional de recursos humanos, incluido el ofrecimiento de plazas laborales como recurso de pago o influencia política”, firmó la FADS.
Reformas
También se denunció modificaciones a reglamentos en la USAC, interpretadas como un proceso de centralización del poder y debilitamiento de mecanismos de control democrático”, y la “prolongación indefinida de mandatos, en especial de procesos electorales impugnados”, así como la eliminación del Tribunal Electoral Universitario y sustitución del rector por el decano más antiguo.
Legitimidad
El documentó cuestionó que una mayoría afín al rector dentro del CSU “permitió influir de manera determinante en la adopción de decisiones relacionadas con nombramientos, sanciones disciplinarias, cambios normativos, refuerzo de medidas de seguridad y otras disposiciones administrativas”. Avisó de una negativa por convocar a elecciones para renovar cargos vencidos y “procesos disciplinarios y denuncias contra estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y de servicios”.
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