EFE

El Gobierno de Kenia ordenó este martes el despliegue del Ejército para atender la «emergencia de seguridad» causada por las protestas contra un proyecto de ley de subidas fiscales que han sacudido al país hasta el punto de provocar el asalto de manifestantes al Parlamento en Nairobi.

«Las Fuerzas de Defensa de Kenia se despliegan el 25 de junio de 2024 en apoyo del Servicio de Policía Nacional», afirmó el ministro keniano de Defensa, Aden Duale, en un breve decreto publicado en The Kenyan Gazette (Boletín Oficial del Estado).

La movilización militar se produce «en respuesta a la emergencia de seguridad causada por las protestas violentas en curso en varias partes de la República de Kenia que resultaron en destrucción y violación de infraestructura crítica», añadió Duale.

La orden se divulgó después de que la Policía se viera superada por las manifestaciones, sobre todo en Nairobi, epicentro de unas movilizaciones sin precedentes en la historia reciente del país.

Al menos 17 personas murieron este martes en Kenia -14 de ellas en la capital- en las protestas, confirmó a EFE una plataforma integrada por una veintena de ONG.

En la tercera jornada de manifestaciones en la última semana y al grito de «¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!», en referencia al presidente keniano, William Ruto, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, invadieron este martes el Parlamento a través del Senado (Cámara Alta), pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el asalto.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 29 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En la invasión al Parlamento, los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de «traidores», después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, frente a 106 votos en contra, si bien falta la votación final.

Con esta norma, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

El pasado martes, más de 300 personas fueron detenidas en Nairobi, mientras el jueves hubo al menos 105 arrestos en todo el país y 200 personas fueron heridas en la capital, al tiempo que murieron dos manifestantes a raíz de esas protestas (uno por el supuesto impacto de un bote de gas y otro por un disparo de la Policía).

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (personas nacidas entre mediados de la década de los noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico. 

Eddy Castillo

EFE

Hernández, quien ejerció el poder durante ocho años (2014-2022), los últimos cuatro de manera irregular porque la Constitución de Honduras no permite la reelección bajo ninguna modalidad, fue extraditado en abril de 2022 a EE.UU., acusado por ese país de tres delitos asociados al narcotráfico, por los que en marzo pasado fue declarado «culpable» en Nueva York.

La opinión casi generalizada de expertos, abogados y analistas en Tegucigalpa y Nueva York, es que Hernández será condenado a al menos una cadena perpetua, más 30 años, la misma sentencia que en marzo de 2021 recibió su hermano Juan Antonio Hernández, quien también enfrentó un juicio en Nueva York por narcotráfico.

Para Mike Vigil, exjefe estadounidense de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el exmandatario hondureño será condenado a cadena perpetua, porque el juez Kevin Castel, que ha llevado el caso en Nueva York, «sabe perfectamente bien que Juan Orlando Hernández era la cabecilla intelectual de esta conspiración» para enviar droga a Estados Unidos.

EE.UU. hizo lo que le correspondía a la Justicia hondureña

Vigil dijo al Canal 3 de Tegucigalpa que Hernández, además, se habría aprovechado como presidente del país y titular del Parlamento (2010-2014) para convertir a Honduras en «un narcoestado».

El exmandatario fue entregado a Estados Unidos, esposado de pies y manos, antes de que se cumplieran tres meses de haber finalizado su segundo mandato, el 27 de enero de 2022.

La sentencia contra Hernández es esperada en Honduras entre el júbilo de algunos sectores porque EE.UU. hizo lo que le correspondía a un sistema de Justicia hondureño corrupto desde hace muchos años; el rechazo de una minoría que considera que es «inocente», y la reiterada posición de su familia, encabezada por su esposa, Ana García, que considera que se ha cometido una injusticia contra el exgobernante de 55 años.

Una de los hijos del expresidente difundió este martes un video en redes sociales en el que afirma que la Fiscalía de Nueva York intentó pintar a su padre «como un enemigo de los Estados Unidos, usando testimonios de narcotraficantes y asesinos confesos».

Ana García reiteró por su parte que tiene la fe de que Dios «hará justicia» a su familia «y se reconocerá la inocencia» de su esposo.

Aunque, «pudiera ser que los malos que odian a mi esposo sigan ejerciendo su influencia malintencionada para ensañarse con una condena injusta», añadió.

Hasta ahora, ninguna petición de la defensa de Hernández, del mismo exgobernante y de su esposa hecha al juez Castel para que no sea sentenciado a cadena perpetua o que se le declare inocente, ha tenido eco en Nueva York, donde este miércoles también habrá muchos hondureños esperando el veredicto.

Tampoco fueron tomadas en cuenta las reiteradas afirmaciones de Juan Orlando Hernández de que en su Gobierno luchó contra el tráfico de drogas, que durante su Administración comenzaron las primeras extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, y el reconocimiento a su labor que tuvo por parte de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos.

El narcotráfico en Honduras se comenzó a asomar a mediados de la década de 1970 y fue creciendo a la vista de todas las autoridades del país, salpicando a la vez a políticos, entre ellos diputados del reciente pasado y del actual Parlamento, empresarios y militares, entre otros.

La sentencia de Juan Orlando Hernández de este miércoles, la primera contra un expresidente de Honduras por narcotráfico, supone un replanteamiento del sistema judicial del país centroamericano, que se ha convertido no solo en lugar de tránsito de la droga procedente de América del Sur, sino también en productor de arbustos de hojas de coca y procesador de cocaína.

Redacción DCA

EFE

Un contingente de 400 soldados kenianos llegó este martes al aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe para apoyar a la Policía Nacional de Haití a frenar la violencia a manos de las bandas armadas, que ha provocado miles de víctimas y de desplazados.

El vuelo, de la aerolínea de bandera nacional Kenya Airways, partió del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta la pasada noche local con la presencia, a pie de pista, del ministro del Interior, Kindiki Kithure, entre otras autoridades, horas después de que el presidente de Kenia, William Ruto, despidiera a los efectivos en un acto oficial en Nairobi.

En un mensaje en X, el primer ministro haitiano, Garry Conille, elogió la determinación del Gobierno keniano y de su pueblo de «acompañar a Haití en la lucha contra la inseguridad que corroe nuestra sociedad».

«El Gobierno y el pueblo de Haití esperan que esta misión multinacional sea la última que contribuya a estabilizar el país para que pueda renovar su personal político y volver a una democracia efectiva (…) Viva la solidaridad entre los pueblos», manifestó Conille, quien subrayó su determinación de devolver la paz al país.

Los efectivos llegados este martes forman parte del total de 1.000 policías que Kenia ofreció para encabezar la misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los agentes provienen de diversas unidades policiales y han recibido entrenamiento en diferentes ámbitos, incluyendo idiomas.

Su presencia «en Haití brindará alivio a mujeres, hombres y niños cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia de las bandas armadas (…) Trabajaremos con la comunidad internacional para lograr una estabilidad duradera en Haití», afirmó Ruto el lunes a través de la red social X.

La semana pasada, Ruto habló con el Consejo Presidencial de Transición (CPT) haitiano, cuyo establecimiento, el pasado abril, era una condición necesaria para Kenia antes de enviar a los agentes.

Asimismo, el inspector general del Servicio Nacional de Policía (NPS) de Kenia, Japhet Koome, se reunió en Nairobi el pasado 18 de junio con una delegación de la Policía haitiana, unas semanas después de que un equipo keniano de reconocimiento regresara del país caribeño.

El contingente policial llegó este martes a Haití, pese a las trabas judiciales que ha encontrado el despliegue en los tribunales kenianos.

El Tribunal Superior de Nairobi fijó el pasado día 12 para el 7 de octubre una audiencia sobre un nuevo recurso de un partido opositor keniano contra el despliegue en Haití de los primeros agentes.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud hecha un año antes por las autoridades del país caribeño para erradicar la violencia de las bandas armadas.

El año pasado esa violencia causó 8.000 víctimas en Haití, donde las bandas criminales han llegado a controlar un 80 % de la capital, Puerto Príncipe, así como otras zonas del país, según cifras de la ONU

Redacción DCA