La instalación de clínicas móviles y la rehabilitación de las ya existente en los centros carcelarios son algunas de las medidas que el Ministerio de Gobernación ha puesto en marcha para evitar que los reos reciban atención médica en los hospitales públicos cuando no sea necesario.
Según el titular de la cartera del Interior, Francisco Rivas, las 2 clínicas móviles, que ya están instaladas en Fraijanes 1 y el preventivo de la zona 18, pertenecen al Ministerio de Salud, con quien ya se tiene un convenio que será actualizado para determinar con cuántos médicos e insumos se contará.
“Está es la medidas más viable para entender a los privados de libertad y no arriesgar a la población que llega a los hospitales”, expresó Rivas.
Por su parte, Juvell de León, recién nombrado director del Sistema Penitenciario, aseguró que la unidad instalada en la zona 18 empezó su funcionamiento desde el jueves atendiendo a la población de ese y otros centros cercanos.
Agregó que se tendrá la capacidad de realizar pruebas de laboratorio, atención médica básica e intermedia, y que solo los presos que lo requieran podrán salir para ser atendidos por urgencias.
En este sentido, Rivas explicó que se analizará realizar una solicitud a los tribunales y jueces competentes para que no remitan a los privados de libertad a hospitales públicos, y que en casos de emergencia sean trasladados al hospital militar o al de la Policía Nacional Civil.
Nery Ramos, director de la PNC, explicó que paralelamente, y a petición del ministro, se trabaja en la creación de un protocolo de seguridad en nosocomios, que posiblemente esté listo la próxima semana.
Mientras tanto, la PNC mantiene presencia en los 2 hospitales nacionales más importantes de la capital, contando con 26 agentes en el San Juan de Dios y 30 en el Roosevelt. “Estaremos trabajando para brindar seguridad a quienes visiten estos centros”, expresó Ramos.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, aseguró que mantiene su postura de no atender a estos pacientes. “No puedo arriesgar a los medios y el personal, no obligarlos a que atiendan a personas peligrosas” explicó.
Añadió que de recibir una orden judicial que le obligue a brindar la atención, él personalmente se hará cargo para no exponer a sus colaboradores.
Mensualmente, el Roosevelt recibe no menos de 130 privados de libertad, de los cuales el 80 por ciento no necesitan ser trasladados, pues presentan malestares regulares como dolor de cabeza, malestares estomacales o problemas dentales. Soto aclaró que de esas personas el 5 por ciento son de alta peligrosidad.
