La reconocida organización de derechos humanos Cristosal ha recibido 175 denuncias sobre detenciones “arbitrarias” a personas con discapacidad, en su mayoría hombres, en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.
El señalamiento está contenido en un documento, según el cual 148 (84.6 por ciento) de las denuncias corresponden a víctimas hombres y 27 (15.4 por ciento) casos de mujeres, “pertenecientes en su mayoría a población con algún tipo de discapacidad física”.
“Son recurrentes las personas con amputación y algún tipo de limitación sensorial”, se indica.
Cristosal, que también ha recibido miles de quejas por violación a derechos de personas detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), reitera que “el régimen de excepción, como herramienta del Estado, profundiza las brechas en la sociedad salvadoreña, en donde las personas con discapacidad son especialmente vulnerables.
Para silenciar las voces contra el Gobierno
“El Estado, por medio de sus funcionarios, encargados de garantizar un trato digno hacia las personas con limitaciones, son quienes ejercen violencia tanto física como psicológica al momento de las capturas y dentro de los centros penitenciarios, lo que pone en peligro la salud y la vida de las personas especiales”, advierte.
Bajo este régimen se han registrado más de 87 mil detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos (la mayoría por razones arbitrarias) y más de 430 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Recientemente se ha denunciado que el estado de excepción “no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas” que adversan las acciones del gobierno.
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