Derivado del rumor que circuló desde el 22 de agosto de este año, acerca de la probabilidad de que el presidente Jimmy Morales, solicitaría al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la separación del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. La noticia prendió las redes sociales y modificó las agendas mediáticas, pues las reacciones de diversos actores y organizaciones, tanto nacionales, como internacionales. Sin duda, los recientes acontecimientos han acentuado la conflictividad social y política en el país, estimulando el ambiente apropiado para que grupos interesados en ocasionar anarquía y zozobra intenten confundir aún más a la ciudadanía con verdades a medias y supuestas mentiras en torno a lo sucedido. Lo cierto del caso, es que la crisis que atravesamos y que pretende secuestrar nuevamente la institucionalidad del Estado, no debe seguir enfrentándonos como sociedad, en estos momentos lo que menos necesitamos son más divisionismos de los que ya tenemos.
Por ello, resulta oportuno que, como genuinos ciudadanos comprometidos con la democracia, la paz y la justicia, evaluemos concienzudamente las serias consecuencias que a estas alturas podrían traernos la inestabilidad e ingobernabilidad que poderes oscuros aprovechándose de la dificultad, intentan instalarnos. La lucha contra la impunidad y corrupción en ningún momento debe desmayar, lo que inició con ímpetu de erradicar la podredumbre enraizada en la cosa pública y que dio paso a las multitudinarias protestas en 2015, que terminaron derribando al gobierno del innombrable partido patriota, no debe echarse en saco roto. Toda vez que lo que está en juego es la institucionalidad del Estado no la permanencia de las personas, pues los funcionarios son pasajeros y las instituciones deben continuar desarrollando las funciones para lo cual fueron originalmente instauradas. Es imperativo velar porque se respete nuestro andamiaje jurídico, resguardando nuestra soberanía y, sobre todo, en defensa de los intereses que beneficien a la mayoría de la población, la Ley debe aplicarse a todos por igual no selectivamente. No permitamos que se atente contra el Estado de derecho, mucho menos que se rompa el orden constitucional, vigilemos que se respete el debido proceso, y acatemos lo que resuelvan judicialmente las entidades en materia de justicia.
No más manipulaciones ni confusiones que persiguen confrontarnos como nación. Necesitamos con urgencia buscar un diálogo que incluya a todos los sectores sin excepción, para resolver de la mejor manera esta crisis, que en lugar de fortalecer nuestra institucionalidad la termina por debilitar. Deben implementarse acciones que frenen la polarización social, encauzando una agenda que responda a los intereses nacionales. Luchemos porque reinen la concordia, la democracia y la libertad en nuestra Guatemala.
