Paganini sostiene que estos cambios cuentan con el aval del Ministerio de Salud y que, aunque están dispuestos a reunirse con organizaciones médicas y con parlamentarios, para él “ya es un tema cerrado” y es momento de fiscalizar. Aunque más adelante habría más exigencias, de momento no está estipulado cuándo se volverían a analizar los niveles. Los cambios sorprendieron a los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento y, por ello, hubo un pedido a las autoridades para que asistan a explicar las razones.
Al respecto, la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch cuenta que no tenían ningún tipo de información y, lo que más le llamó la atención es que viniera desde el Ministerio de Industria, porque “tiene repercusión sobre la salud de la población”.
Uruguay tiene un problema grave.
Si bien coincide con el etiquetado, para la diputada -que además es licenciada en Nutrición- tiene que haber un “abordaje multifactorial” sobre la alimentación, para que la población esté más informada. En tanto, la diputada del FA Cristina Lustemberg enfatiza que este proceso empezó en 2016, para dar respuesta a “un problema grave” que tiene el país vinculado a la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, que representan “ el 80% de la morbimortalidad”. Lustemberg sostiene que Uruguay tiene un problema grave, que se ha trabajado con múltiples organizaciones sociales, médicas, ministerios e incluso con empresarios que ya mejoraron “de forma notable” sus productos. “Con esta nueva rotulación de este nuevo decreto, que encima se anuncia tres días antes de la implementación, también la industria va a tener que adecuarse. Entonces, ¿cuándo vamos a tener los ciudadanos garantías de que lo que consumimos está en un proceso de fiscalización?”, cuestiona.
Según la diputada, el etiquetado no es ir en contra de la industria, sino a favor de la salud pública, y por ello quiere tener las respuestas técnicas de estas variaciones.
