Una serie de factores y procesos de tipo económico, social, político y cultural se articulan en torno a las dinámicas locales del cultivo de la amapola.
El conjunto de variables económicas, sociales, políticas y culturales que se articulan en un territorio específico como expresión de la tensión existente entre las dinámicas internacionales y locales alrededor del cultivo de la amapola; ponen en evidencia las manifestaciones políticas del paradigma prohibicionista que domina las estrategias operativas, y por otra, los significados socioeconómicos y culturales que el cultivo tiene para las comunidades que lo han adoptado como opción económica.
En Guatemala, específicamente en las comunidades que se dedican al cultivo de la amapola, esta es una cuestión de desarrollo antes que ser un problema de seguridad o incluso, de salud pública
El cultivo de la amapola, como alternativa económica, expresa una relación entre los actores que optan por dicha actividad, y su entorno, lo cual involucra una serie de factores como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, y la débil institucionalidad del Estado, que le hacen una opción económicamente viable; de manera que la problemática atraviesa necesariamente la discusión sobre la capacidad del Estado.
En un contexto de pobreza y desigualdad, la erradicación de este tipo de siembras tiene efectos con un alcance temporal muy reducido, respecto a la disuasión de las prácticas de cultivo, en tanto que no hay alternativas económicas viables para los agricultores afectados.
De igual forma, los proyectos de desarrollo alternativo, orientados a reducir la dependencia del cultivo de amapola, tampoco se han constituido en opciones sostenibles o de mayor rentabilidad versus el cultivo de amapola para opio.
En el área occidental del país se ha constituido en un motor de crecimiento económico acompañado de un sistema de valores sociales cuyo desarrollo ha sido determinado por una serie de factores, fuerzas y procesos de tipo económico, social, político, cultural-ideológico, de carácter internacional y nacional que convergen en lo local a partir de un conjunto de entrelazamientos e interacciones.
La decisión de decretar un estado de sitio en estas comunidades no nos lleva a esas discusiones críticas de la estatalidad en Guatemala, sobre poblaciones olvidadas en el territorio nacional, a quienes no han llegado los beneficios del desarrollo. Y, si bien las funciones de control de fronteras y mantenimiento del orden público son válidas en el marco de las atribuciones del Estado, de fondo, tampoco nos llevan a la discusión de las garantías fundamentales o de la proporcionalidad en el uso de la fuerza.
