Erick Campos y Gustavo Villagrán
Redacción
Con la confimación de la solicitud de ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024 que el Ejecutivo efectuará dentro de pocos días en el Congreso de la República, se avivó la discusión sobre la distribución análitica de los fondos, los cuales redundarán en cumplimiento a compromisos que dejó la pasada administración.
A decir del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas (Minfin), Walter Figueroa, se analiza el destino del monto, pero se asignará en atención a los pagos del crecimiento de la nómina, bonos que se dejaron para el Ministerio de Gobernación, así como para el traslado de personal temporal a plazas fijas, en primera instancia.
116 mil 130 millones de quetzales es el plan de gastos vigente.
Se debe tomar en cuenta que el Gobierno está en funcionamiento con el plan de gastos de 2023, que es de 116 mil 130 millones de quetzales, y en consecuencia su estructura no responde para el año actual.
El funcionario añadió que se tiene previsto el pago de obras de infraestructura como el trabajo de pisos de tierra por cemento, con el fin de coadyuvar a las acciones para disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años.
A criterio de Fernando Spross, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), en la medida en que la solicitud de ampliación se acerque a lo establecido en el proyecto original, se está en el camino correcto.
Aunque, el analista advirtió que “el presupuesto adolece de serios problemas de rigidez de carácter estructural, como consecuencia de las asignaciones fijas de la Constitución Política y otras leyes, por lo que tiene poca flexibilidad para implementar políticas públicas e inversión por parte del Ejecutivo de solo un 15 por ciento, lo que implica que el 85 por ciento de los ingresos ya se encuentra comprometido de antemano”.
