EFE
Los costarricenses están en la etapa reflexiva del voto para las elecciones del domingo 1 de febrero, tras el fin del tiempo para publicar encuestas y de la difusión de propaganda en medios por parte de los partidos políticos.
Históricamente, Costa Rica ha sido uno de los países más estables y seguros de Latinoamérica, pero no ha logrado escapar de la penetración del narcotráfico y de cifras inéditas de homicidios que han convertido la inseguridad en el principal problema para la población, lo cual ha llevado a los candidatos a la Presidencia a discutir sobre la conveniencia de eventualmente implementar un estado de excepción.
El territorio se ha convertido en una ruta de paso, almacenamiento y reenvío de droga hacia Europa y Estados Unidos, lo que ha desatado violencia entre bandas y un aumento de la inseguridad.
Según las encuestas de la Universidad de Costa Rica, desde abril de 2023, alrededor del 45 % de los costarricenses ha señalado que la inseguridad es el principal problema que aqueja a la sociedad.
Contra el narcotráfico
El presidente Rodrigo Chaves, un economista de derechas, ha reiterado que su gobierno está trabajando con la instalación de escáneres en puertos, operativos policiales y con acciones de cooperación internacional, al mismo tiempo que se ha quejado del trabajo del Poder Judicial y de las leyes contra la delincuencia, las cuales considera “suaves”.
La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha defendido la necesidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para enfrentar al narcotráfico.
Además, ha indicado que continuará la construcción de una “megacárcel” para 5 mil presos, inspirada en el modelo implantado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
La mayoría de los 20 candidatos presidenciales, entre ellos la aspirante del centro izquierdista partido Coalición Agenda Ciudadana y ex primera dama (2018-2022), Claudia Dobles; el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y el del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, expresaron su rechazo a cualquier limitación de garantías individuales y apostaron por iniciativas preventivas, inversión en educación, recuperación de espacios públicos y de presencia policial en comunidades.
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