Durante la reunión del Consejo Nacional para la Vivienda (Conavi), presidida esta mañana por el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, se aprobó solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas que agilice la entrega de la propuesta de reglamento de la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento a la Secretaría General de la Presidencia, para que se proceda a realizar el Acuerdo Gubernativo en el que se especificará que este impuesto será específicamente para la construcción de vivienda en el país.
“El porcentaje del impuesto se mantiene (en Q1.5 por quintal), y lo que se pretende es que haya una línea de financiamiento directa para vivienda por parte del Estado. Actualmente este es un fondo común para financiar el funcionamiento del Estado”, aseveró Otto Gómez, secretario particular del Vicepresidente de la República.
Se tiene previsto que el Acuerdo Gubernativo pueda ser emitido por el Ejecutivo antes del 30 de enero próximo.
Gómez precisó que del año 2000 a la fecha se han recaudado, producto de este impuesto, mil 300 millones de quetzales, pero que no han sido aprovechados directamente para la vivienda sino para financiar el funcionamiento y ejecución de proyectos en general.
Piden aumentar tributo a Q5 por quintal de cemento
Luciano Colorado, del Movimiento Guatemalteco de Pobladores, manifestó que las condiciones han cambiado desde que fue creado el impuesto al cemento, cuando se fijó Q1.5 por cada quintal vendido. En esa ocasión el precio oscilaba entre Q14 y Q16, y ahora tiene un precio de entre Q78 y Q89, por lo que consideró que este tributo no es equitativo.
“Hemos planteado en la Comisión de Finanzas y Moneda, y en la Comisión de Vivienda del Congreso de la República, que se actualice el impuesto a Q5 por cada quintal de cemento vendido, para poder contar con financiamiento para solucionar el déficit habitacional, ya que de tal forma se estarían recaudando entre Q600 y Q700 millones al año”, dijo Colorado.
Eduardo Aguirre, de Cementos Progreso, expuso los avances en el desarrollo de la elaboración de la Política Nacional de la Vivienda, la cual se espera pueda concluirse e implementarse en 2019.
En su presentación, Aguirre señaló que se espera construir entre el sector privado y público 38 mil casas en 2020, y además se ha logrado que la Municipalidad capitalina modifique el Reglamento de Construcción, para permitir la construcción de edificios de seis pisos sin elevador, ni parqueo y cerca de las rutas de transporte público para las familias de escasos recursos económicos.
