En Brasil se siguieron ayer los debates de la comisión parlamentaria, la cual recomendó por 38 votos a favor y 27 en contra, que la presidenta de izquierda Dilma Rousseff vaya a juicio político por presunta manipulación de las cuentas públicas.
Desde el principio, el Gobierno dio por perdida la votación en la instancia de 65 diputados, dominada por la oposición, aunque para separar a la jefa de Estado del cargo, el resultado tendría que ser convalidado, probablemente en menos de una semana, por dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y a comienzos de
mayo por el Senado.
“Habrá unos 35 (votos) para ellos y 29 para nosotros”, admitió en un mensaje por WhatsApp enviado por el diputado Paulo Pimenta, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). El presidente de la comisión solo vota en caso de empate.
En una sala repleta, casi todos los legisladores mostraron claramente sus preferencias, con carteles que dicen Impeachment ya o Impeachment sin crimen es golpe, indicó un reportero de la AFP.
Posición
El relator de la comisión, Jovair Arantes, reiteró su convicción de que hay indicios suficientes de que la denunciada practicó actos que pueden ser considerados como crimen de responsabilidad, por haber autorizado gastos no presupuestados sin la autorización del Congreso en 2014, el año de su reelección, y en 2015.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, instó en cambio a que se declarara nulo el proceso, por considerar que no existían cargos de semejante gravedad.
La policía tendió vallas a lo largo de la explanada de los ministerios para separar a los manifestantes de ambos bandos que se espera lleguen a Brasilia el fin de semana, para presionar los debates del plenario de la Cámara.
La crisis, potenciada por una recesión económica que entra en su segundo año, crea incertidumbre sobre si será Rousseff, o su vicepresidente, Michel Temer, quien inaugure los Juegos Olímpicos de Río, el 5 de agosto.
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