El jefe del Ministerio de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, aseguró que la cartera dejó atrás prácticas de clientelismo y discrecionalidad en la asignación de programas sociales, al retomar ayer su interpelación en el Congreso de la República, un proceso que supera ya los 500 días.
Después de la suspensión de la plenaria por falta de cuórum, el funcionario defendió los cambios impulsados por el gobierno y sostuvo que el juicio político que se le sigue responde a la transformación estructural de la institución.
Durante décadas, los beneficios fueron manejados por políticos y autoridades locales, lo que permitió el uso electoral de la ayuda, afirmó.
En contraste, la actual administración eliminó esos mecanismos y fortaleció el Registro Social de Hogares, herramienta que ahora prioriza a los 114 municipios con mayores índices de pobreza y exclusión histórica, subrayó.
El ministro explicó que la política social dejó de ser temporal y asistencialista para enfocarse en soluciones de fondo. Como ejemplo, destacó la declaratoria de 11 municipios libres de pisos de tierra y la intervención en más de 50 mil hogares con suelos saludables, acciones que impactan de forma directa en la salud y dignidad de las familias.
Resaltó la ampliación del Bono Social, que pasó de favorecer 80 mil a 185 mil familias en 2025, lo que fortalece el acceso de la niñez y adolescencia a servicios de salud y educación. Pinto expresó que estos avances explican la prolongada interpelación, que continuó con nuevas rondas de preguntas promovidas por diputadas opositoras.
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