La Política Nacional contra el Contrabando 2016-2035, que abarcará líneas estratégicas de acción para combatir el comercio ilegal de productos en el corto y mediano plazo desde el Estado, estará lista en la primera semana de noviembre, para posteriormente ser presentada en la Secretaría General de la Presidencia.
“Las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), nos dio la potestad de ser el ente rector en esta batalla y ante la falta de un instrumento para hacer efectiva esta medida, creamos esta estrategia”, explicó Werner Ovalle, intendente de Aduanas.
El funcionario indicó que la iniciativa permitirá la coordinación con otros actores, así como realizar una contextualización de cómo esta problemática afecta la recaudación, y fortalecer los operativos en las zonas fronterizas y de adyacencia.
Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, subrayó que es positivo que la SAT se enfoque en contrarrestar esta práctica delictiva, pues le permitirá reducir la brecha fiscal.
Asimismo, recomendó hacer una depuración, con el objetivo de minimizar la corrupción y que la Contraloría General de Cuentas realice inspecciones sorpresivas.
El impacto
“Este flagelo ocasiona pérdida de empleos formales y daños a la salud de la población, así como defraudación, evasión fiscal, competencia desleal y cierre de empresas”, dijo Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). Según el documento Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica, de la entidad Konrad Adenauer Stiftung, el mercado ilícito en el país ascendió a Q11 mil 173.1 millones en 2012, lo que representa un 2.84 por ciento del Producto Interno Bruto. Por su lado, la CIG calculó que la nación dejará de percibir Q16 mil millones este año, en impuestos.
Acciones
Ovalle comentó que por medio del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) han efectuado pesquisas nacionales y binacionales en puestos específicos.
En ese sentido, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, informó que de 2006 a 2016 han incautado 216 millones, 170 mil 264 cigarros, lo que implicó una baja tributaria de Q29 millones 413 mil 155.37, mientras en lo que va del año, la cifra alcanza los Q5 millones 901 mil 887.89.
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