Ley Antitrámites impulsa la gestión pública hacia el Gobierno Abierto y Electrónico, con lo cual se atraerá mayor inversión.
La eficiencia en la gestión pública determina la calidad de los servicios que la población recibe. Con la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, aprobada en mayo pasado y conocida como Ley Antitrámites, Guatemala ha dado un paso trascendental hacia un Gobierno Abierto y Electrónico, según sus impulsores.
La Ley Antitrámites es una norma que moderniza la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización de los servicios, por medio de la tecnología de la información y la comunicación.
“Es un esfuerzo serio de facilitar las gestiones, un esfuerzo serio de quitarnos el último lugar en trámites que tenemos en Latinoamérica”, afirmó el diputado Estuardo Rodríguez Azpurú, vicepresidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República.
Foto: Cecilia Vicente/DCA
En materia económica, el instrumento legal reducirá las gestiones para el establecimiento de empresas, lo que impulsará la atracción de inversión y, a la vez, coadyuvará con la generación de empleo.
1
de septiembre entra en vigencia la ley.
La ley establece que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) y el Ministerio de Economía son los encargados de impulsar la simplificación de los trámites, para los servicios públicos y para la facilitación del comercio exterior y las inversiones, respectivamente.
Discreción
El legislador recordó que la norma aplica para las dependencias del Organismo Ejecutivo, que tiene a su cargo no menos del 60% de los trámites que se hacen en Guatemala. Sin embargo, al aludir al Artículo 2 del Decreto 5-2021, que da vida a la ley, recordó que los organismos Legislativo y Judicial, las municipalidades y otras instituciones estatales autónomas, semiautónomas o descentralizadas pueden emplearla si así lo deciden.
En tanto que la norma entra en vigencia, el próximo 1 de septiembre, en este lapso se capacitará a funcionarios y empleados públicos sobre el espíritu de la ley, refirió Enrique Cossich, comisionado presidencial del GAE.
Al respecto, el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer a principios de junio los beneficios de dicha ley, indicando que con ello se atraerá mayor inversión y oportunidades de empleo.
“Esto nos permitirá ir de la mano con las propuestas de inversión y las propuestas de colocar a Guatemala como un país que atraiga la inversión extranjera”, enfatizó el mandatario.
