El artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, regula la participación de estas en la vida política y pública de todo el país, lográndose importantes avances en la mayoría de estados. En Guatemala, los esfuerzos se iniciaron a principios de la década de los 90, cuando el Tribunal Supremo Electoral implementó algunas medidas para asegurar la participación de la población con discapacidad en los procesos electorales. Al inicio los esfuerzos fueron dirigidos hacia las personas con discapacidad visual, pero al transcurrir los años, se han adoptado acciones para otros grupos de discapacidad.
Para cada proceso eleccionario el TSE y el Conadi, establecen un equipo de coordinación, el que ha venido trabajando en varias líneas: educación cívica, inclusión de personas con discapacidad en la logística de elecciones y, la ubicación de centros electorales en espacios accesibles.Aun cuando debemos reconocer los esfuerzos y avances, tenemos que admitir que existen grandes tareas por resolver, especialmente en la accesibilidad de los centros electorales.
Estos, en su mayoría, se ubican en edificios públicos con barreras arquitectónicas, lo que sumado a los problemas de transporte y calles inaccesibles, limita en gran manera la participación. El próximo 15 de abril, se realizará la consulta popular sobre el Caso Belice, oportunidad para la cual el Conadi y el TSE han iniciado las coordinaciones para procurar las condiciones de participación libre, segura e independiente de la población con discapacidad. Se cuenta con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales –IFES–, institución que llevará a cabo jornadas informativas en todo el país, con materiales elaborados en formatos accesibles.
Asimismo, se incluirá a personas con discapacidad en la logística del proceso para apoyar su inclusión laboral y facilitar su participación en los procesos de capacitación. En esta oportunidad, la información web del TSE será accesible para personas ciegas, ya que dispondrá de un lector de pantalla que verbaliza la información, una iniciativa que debe ser asumida por otros entes del Estado, acción que no requiere mayor inversión ni equipos adicionales.
Un tema que debe abordarse es el uso de la papeleta en Braille, que desde 1990 se utiliza para facilitar la emisión del voto de las personas con discapacidad visual. Instrumento que por sus características, no garantiza la secretividad que regula la ley en la materia, por lo que el Conadi ha insistido desde procesos anteriores, en la implementación de otros sistemas: el voto asistido o bien, el uso de una plantilla de doble cara, utilizada con éxito en muchos países.
