En el marco del 29 aniversario de la firma de la paz, conviene reflexionar acerca de lo que esa fecha memorable ha implicado en el pasado y presente del país, aunque es más importante meditar en torno al camino por recorrer para alcanzar el grado de plenitud y justicia social previstos en aquellos momentos. Este ejercicio, difícil pero necesario, corresponde a quienes fueron los protagonistas de los acuerdos, así como a los que no solo padecieron las consecuencias del enfrentamiento, sino que son sobrevivientes de esa tragedia inconclusa. Las visiones de algunos de estos referentes, las cuales se consignan en las páginas 4 y 5 de esta edición, son tan disímiles como válidas. Es imposible negar, como argumentan algunos entrevistados, que el cese al fuego es, quizás, el legado más trascendente del movimiento pacifista. Más de 200 mil muertos o desaparecidos dejó aquella guerra sucia, con mayoría de víctimas civiles, que también sufrían desigualdad y pobreza.
Las nuevas reglas de juego en materia de autoridades civiles y militares, la continuidad de los procesos eleccionarios, el mayor gasto social y la mayor preocupación para fortalecer la seguridad y la justicia son parte de la agenda heredada y, a veces, poco valorada. Incluso, los impulsores de los Acuerdos de Paz resaltan que, después del 29 de diciembre de 1996, hay más reconocimiento a los derechos de las mujeres, mientras los pueblos ancestrales son más “visibles” y su opinión es más escuchada y respetada. Otro aporte innegable, para críticos y defensores, está relacionado con el surgimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuyos informes “dignificaron a las víctimas y recuperaron la memoria de lo sucedido durante la lucha armada”. Tan importante y constatable como la desmovilización del movimiento armado. Claro, en este camino aún hay muchos pendientes, importantes y urgentes, sobre todo los causantes de insurrección popular, que impiden el “equilibrio democrático” y dotación de “servicios básicos” en zonas remotas. Ese es el rumbo a retomar. Es el camino a seguir, vía la ampliación de la red sanitaria, la dignificación escolar, la seguridad democrática y, sobre todo, el uso probo y atinado de los fondos públicos. Hacia allá marcha el actual Gobierno, que contrario a temer a los cambios, los promueve y defiende, pese a la oposición de los corruptos.
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