El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó a la Embajada de México en Guatemala que no existiendo recurso jurídico alguno en contra de la resolución del Tercer y Quinto Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, relativo al allanamiento de Javier Duarte a la solicitud de su extradición, “ha comenzado a computarse el término de 60 días naturales para que se concrete la entrega” del exgobernador de Veracruz a las autoridades mexicanas.
El período en el cual se podría saldar la extradición de Duarte está establecido en el artículo Décimo Segundo del Tratado de Extradición entre México y Guatemala.
En respuesta a la notificación guatemalteca, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que al recibir el aviso inició la coordinación del “operativo para su entrega en extradición (de Duarte), velando en todo momento por los derechos humanos y la seguridad del reclamado, en cumplimiento al debido proceso dentro de nuestro marco jurídico y del Tratado de Extradición suscrito entre ambos países”.
“corre peligro”
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, mostró ayer su esperanza de que el Gobierno mexicano venga pronto por el exgobernador del estado de Veracruz, recluido provisionalmente en el país, ya que corre peligro.
“Es un privado de libertad de alto riesgo. Hay grupos criminales en Guatemala que se pueden prestar a atentar en contra de su integridad y si vida”, declaró el ministro, y agregó que Duarte, recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, tiene información en materia de corrupción importante para México.
“Tenerlo aquí representa un riesgo”, reiteró Rivas a preguntas de los periodistas, y dijo que en las próximas horas o mañana, viernes, se espera que México “cumpla con su responsabilidad de venir a traerlo (buscarlo) porque es una gran “responsabilidad” para Guatemala: “Su integridad y su vida están corriendo peligro”.
El caso
Duarte tenía en su contra dos órdenes de extradición a su país; una por delitos federales, y otra por estatales, y ambas las aceptó de forma voluntaria; según él, para demostrar su inocencia en México, porque es inocente de todos los cargos que se le imputan.
El exfuncionario mexicano está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos en su país.
Entre 2012 y 2015 desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles, tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en documentación y varias declaraciones de testigos.
