Después de que el Estado, por medio de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), tomara el control de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S. A. (Ferrovías), al nombrar a Mario Estuardo Archila como administrador único de esa empresa, se iniciará una auditoría interna con el fin de determinar sus condiciones financieras y contractuales, indicó Roberto Mancilla, interventor de la entidad, en reunión con la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso.
Según el funcionario, se buscará que los accionistas en pleno autoricen el involucramiento de la Contraloría General de Cuentas en la indagación, para que esta tenga acceso a la información que permita conocer los ingresos reales de la compañía, pues se han reportado pérdidas.
Analizan usufructo
César Elías, subcontralor de Calidad de Gasto, destacó la importancia de que las investigaciones abarquen los seis años recientes, para desvanecer la existencia de anomalías en la suscripción de arrendamientos, entre los que figuraría el usufructo otorgado a la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), en Puerto Barrios, Izabal.
Este contrato representaría ingresos anuales de Q11 millones, en promedio, para Ferrovías, indicó su gerente general, Mynor Castillo, pero Fegua no ha percibido nada, pese a ser el accionista mayoritario, según Mancilla, y añadió que se analiza una demanda de nulidad por posibles irregularidades al suscribir el convenio.
Revisarán contratos
Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación, indicó que solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones información de los contratos de televisión abierta suscritos por el Estado, con el fin de conocer las condiciones con las cuales fueron pactados. Según la funcionaria, quien asistió ayer a una cita en el Congreso, también se ampliará la demanda de nulidad del contrato de usufructo oneroso firmado entre Terminal de Contenedores Quetzal y Empresa Portuaria Quetzal, por considerar que se deben reforzar los argumentos.
Además, se estudian los pactos colectivos del Congreso y los Ministerios de Salud y Educación, para determinar la lesividad, o no, para las finanzas del Estado.
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