Los magistrados que componen la nueva Corte Suprema de Justicia de Guatemala tomaron posesión este domingo para el período 2024-2029, tras un controvertido proceso de elección vigilado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La investidura de los 13 magistrados tuvo lugar en el principal teatro del país con la participación del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.
Los 13 miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia estarán en el cargo por cinco años, hasta el 13 de octubre de 2029, como establece la ley del país centroamericano.
“Los invito a que nos inscribamos en la historia de Guatemala”, instó en su discurso el magistrado Carlos Lucero Paz a los 12 abogados que lo acompañarán en el Supremo.
El abogado añadió que la Justicia de Guatemala está “en buenas manos” y recalcó: “Yo prefiero que sean mis actos y mis hechos los que hablen por mí, en lugar de mis palabras”.
Lucero Paz quedará de manera interina como presidente del Supremo y del Organismo Judicial, ya que por el momento los magistrados de la corte aún no han elegido a su líder para el período 2024-2025.
Del total de 13 abogados que tomaron posesión en el Supremo, solamente fueron reelectos tres del período saliente: Claudia Paredes Castañeda, Gustavo Morales Duarte y René Girón Palacios.
El proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Guatemala estuvo vigilado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a petición del Gobierno que preside Arévalo de León, debido a la importancia de la designación para el futuro de la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana.
Todo ello debido a la manipulación sufrida en la elección del Supremo de 2014 y también de 2019, documentada en investigaciones y procesos judiciales.
La designación de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se decidió finalmente la semana pasada en el Congreso de un total de 26 postulantes finalistas. Los aspirantes fueron depurados por parte de una comisión que empezó su trabajo en agosto pasado.
Un informe preliminar de la misión de la OEA que vigiló el proceso determinó en septiembre pasado que en existieron algunas irregularidades en la designación de los postulantes, como por ejemplo descartar cualquier queja a la honorabilidad de los aspirantes.
