A tres meses para cumplir cinco años al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul fue removido de su puesto, anunció el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, en un comunicado de prensa.
Sancionado internacionalmente y con una estela de señalamientos y algunas denuncias, así como con la prohibición para ingresar en 44 países desde el 3 de agosto de 2025, Curruchiche tiene 30 días hábiles para presentar su declaración jurada patrimonial en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Su destitución se oficializó con la publicación del Acuerdo 771-2026, y en el que se lee que se puso fin a sus funciones, con el argumento de que se trata de un puesto de confianza y de libre nombramiento y remoción.
Acción en regla
En el documento, el jefe del ente pesquisidor fundamenta la decisión en la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente en el artículo 27, que regula la figura de los Fiscales de Sección como cargos de responsabilidad patronal y confianza.
También cita los artículos 106, 118 y 251 de la Constitución, el Código de Trabajo, el Decreto 40-94 y el Pacto Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores del MP y la institución.
El MP publicó la determinación y sostuvo que “garantiza la continuidad de las investigaciones y reafirma su compromiso con una gestión eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía”.
Denuncias
La remoción de Curruchiche se da en medio de querellas planteadas por el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval y Eduardo Masaya, quienes han cuestionado su gestión. Sandoval recalcó que en noviembre del 2025 presentó una queja disciplinaria contra Curruchiche por faltas graves y muy graves.
Según Sandoval, se documentaron más de 40 publicaciones en las que utilizó a la FECI y sus redes sociales “para hostigar, intimidar, hacer proselitismo político y religioso, lanzar amenazas y atacar a periodistas, jueces, exfiscales y personas en el exilio”.
Expuso que “la destitución de Rafael Curruchiche era una decisión necesaria para comenzar a recuperar la credibilidad institucional del MP”.
Analizó que durante la gestión del ahora destituido fiscal, “la FECI dejó de ser una fiscalía orientada al combate de estructuras y corrupción para convertirse en un instrumento asociado a procesos de criminalización, persecución selectiva utilización política del derecho penal”.
Conflicto
Sandoval no fue el único que denunció a Curruchiche; el abogado Eduardo Masaya presentó una denuncia contra él y la fiscal Leonor Morales, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El argumento se basa en los hechos ocurridos en enero de 2025, cuando Masaya fue capturado en un operativo coordinado por la FECI, en el marco de las elecciones de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Esto ocurrió durante el acto de presentación de la planilla que integraba.
“La destitución de Rafael Curruchiche era una decisión necesaria para comenzar a recuperar la credibilidad institucional del MP”. Juan Francisco Sandoval - Exjefe de la FECI
Personaje controversial
Su aparición mediática ocurrió el 3 de agosto de 2021, cuando María Consuelo Porras lo nombró titular de la FECI, en sustitución de Juan Francisco Sandoval.
Impulsó varios expedientes de alto impacto que generaron controversia.
Semilla: investigó supuestas irregularidades en las firmas de afiliación del partido, y al parecer detectó miles de firmas falsas, repetidas y de personas fallecidas. El caso desencadenó solicitudes de cancelación de la personalidad jurídica del grupo antes de las elecciones generales.
Unops/Corrupción Presidencial: investigó un convenio entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad, sin llegar a comprobarlos.
Jose Rubén Zamora: mantuvo preso y llevó a juicio al periodista y fundador de El Periódico, condenado por lavado de dinero.
Curruchiche fue incluido en la Lista Engel de Estados Unidos y sancionado por la Unión Europea y Reino Unido, acusado de obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.
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