El 3 de mayo de 2018, María Consuelo Porras Argueta asumió, por primera vez, el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), tras ser electa por el entonces presidente Jimmy Morales de una nómina en la que figuraban Patricia Gámez y Miguel Ángel Gálvez.
De acuerdo con juristas consultados, su llegada marcó el inicio del debilitamiento de la institución y una etapa de impunidad que favoreció a exfuncionarios señalados de corruptela de alto impacto, situación que quedó en evidencia con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Pese a los cuestionamientos a su gestión y a que en 2021 fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, además de recibir una segunda sanción en 2022 junto con su esposo, el 16 de mayo de ese mismo año el exmandatario Alejandro Giammattei la reeligió para un nuevo período al frente del ente investigador.
La reelección se concretó luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera un amparo que, de forma indirecta, permitió su inclusión en la nómina final de aspirantes, al respaldar la alta calificación obtenida en la postuladora.
Los mismos analistas concluyen que en el segundo período de la fiscal se profundizó el deterioro del ente investigador, con el cierre de diversos casos de saqueo que beneficiaron a políticos y empresarios, así como con la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos, exfiscales, jueces y operadores de justicia.
Manto de impunidad
David González, abogado penalista y experto en temas jurídicos, consideró que la parálisis de los expedientes contra ambos exmandatarios que la designaron “desvía los fines del proceso para garantizar impunidad a actores específicos”.
Juzgó que la gestión de Porras pervirtió la autonomía del ente investigador establecida en el Artículo 251 de la Constitución Política de la República, para decidir “arbitrariamente” qué delitos ignorar “sin rendir cuentas a nadie”.
“Esta independencia, diseñada para proteger al fiscal de presiones políticas, se ha transformado en una herramienta de impunidad deliberada que permite sepultar expedientes de corrupción bajo la excusa de una libertad técnica que solo beneficia a los aliados del poder”, consideró el jurista.
González reiteró que la entidad bajo el mando de la funcionaria aludida dejó de ser “un depositario de la autoridad pública”. Y sentenció: “Al detener casos de alto impacto, se daña la estructura misma del país, ya que la ley deja de ser general y se aplica de forma selectiva, lo cual consolida un sistema donde la justicia es una mercancía que se otorga o se niega según la conveniencia”.
La persecución
Andrea Rabanales, directora de Be Just, coincidió con el abogado penalista en valorar la utilización del sistema de investigación penal como una “herramienta de impunidad y canje de favores”.
El referido sistema también se utilizó como una vía política y de venganza frente a sus opositores, apuntó Rabanales.
“En el período de Consuelo Porras el sistema penal no se utilizó para lo que se debía de ejercer. Vemos asuntos de criminalización de defensores de derechos humanos, operadores de justicia, disidentes, que sí se investigan y quedan en reserva, mientras expedientes de altos niveles de corruptela quedan relegados”, remarcó.
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, opinó que la nueva administración del MP, bajo el fiscal general electo Gabriel García Luna, deberá crear una unidad de legalidad y objetividad para la revisión de los casos “grandes de corrupción”, para que no queden impunes.
“Por otro lado, simplemente se fabricaban procesos para perseguir a activistas anticorrupción; entonces se tendrían que revisar con base en legalidad y objetividad a los que se facilitó inmunidad”, destacó.
Rabanales también reafirmó que la nueva administración tendrá que recuperar la legitimidad con la anulación de la “justicia selectiva contra opositores políticos”. El MP tendrá que cumplir con la investigación de delitos y dejar atrás las prácticas del “reinado de terror e impunidad en el que estábamos”, concluyó.
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