El 21 de agosto de 2015, el Ministerio Público (MP) y la hoy desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informaban a la ciudadanía guatemalteca sobre la captura de Roxana Baldetti, entonces vicemandataria de la nación y la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.
Ambos fueron implicados en una organización denominada La Línea, supuestamente dedicada a la defraudación aduanera, según las investigaciones de las instituciones referidas.
Este fue uno de los primeros casos de alto impacto mediático revelados por el MP que dirigía Thelma Aldana. Después vinieron otros en los cuales también se señalaba a políticos, entre los cuales se incluía a Alejandro Sinibaldi, exministro de la gestión de Pérez Molina y candidato presidencial del entonces partido de gobierno.
Diez años después, la mayoría de los sospechosos de malos manejos fueron absueltos o recibieron medidas sustitutivas (vea infografía: Gozan de libertad), fallos que han generado dudas entre juristas consultados para este trabajo periodístico.
En mayo de 2017, el entonces mandatario Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras fiscal general y jefa del MP. En 2022 fue reelecta por Alejandro Giammattei.
Opiniones de expertos
Respecto a esta situación, el constituyente Roberto Alejos dijo que los beneficios para los sindicados se pueden entender como “una complicidad” entre el MP, jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ).
Ejemplificó que la supuesta relación surge cuando el juez le da tiempo a la fiscalía para investigar, pero esta no lo hace y tampoco presenta pruebas. “Es ahí cuando el juez anula el caso”, comentó.
Al cierre de este trabajo, el MP no había respondido las consultas efectuadas por el diario oficial para consignar su versión.
“Es una complicidad; el juez le vuelve a dejar nueva fecha para que aporte pruebas, el fiscal no procede y el juzgador tampoco usa las que tenía y sale a decir que como no hay incidios el proceso se anula”, aseveró Alejos.
Agregó que después “el MP deja de presentar recursos y logran el cometido que es anular los casos de impacto”.
Recordó que en ocasiones los señalados argumentan la irretroactividad de la ley; además, han solicitado que los testigos protegidos vuelvan a declarar, cuando, por temor, no quieren regresar al país.
Alejos sugirió reformar el sistema de justicia, incluyendo a los magistrados de salas y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al MP.
Según Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva de Movimiento Pro Justicia, las decisiones tomadas en el sistema de justicia terminaron favoreciendo a gente acusada de corrupción, en el marco de procesos que, se puede intuir, fueron “desmontados desde sus cimientos para favorecer a gente como Baldizón, Sinibaldi y Rabbé”.
“Algunos procesos son acciones que se las podemos endilgar, principalmente y exclusivamente, a los jueces, pero en otros hay una responsabilidad compartida entre el MP y los jueces de favorecer a los sindicados”, expresó Ibarra.
La entrevistada lamentó que casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción cayeran estrepitosamente en diferentes fases del proceso judicial por falencias en la investigación o por criterios judiciales cuestionables.
Más opiniones
El investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Alejandro Rodríguez calificó estos beneficios como una situación de impunidad estructurada.
“Lamentablemente, la elección para el puesto de fiscal general de Jimmy Morales y Giammattei no fue para la persona más íntegra y correcta, sino por compadrazgos, y con la idea de conseguir impunidad”, afirmó.
Según Rodríguez, el aparato de justicia se ha pervertido porque persigue a los justos y se destruyen las pruebas para favorecer a quienes son señalados de saquear el erario.
“Han destruido la institucionalidad. Deberían ser objeto de investigación”, sostuvo.
Rodríguez subrayó que en las resoluciones a favor de sindicados que el MP no apele estaría incurriendo en incumplimiento de deberes y podría verse como una conspiración para la obstrucción a la justicia.
Regresión en la lucha
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, los beneficios otorgados a Luis Rabbé, Alejandro Sinibaldi o Manuel Baldizón responden a un patrón preocupante que se ha intensificado a partir de la llegada de las autoridades del MP. Rechazó que sean casos aislados, porque son parte de una regresión autoritaria en la lucha contra la impunidad.
Expuso que los procesos que incluyen a las personas mecionadas fueron construidos con base en investigaciones sólidas, sustentadas en evidencia documental, peritajes, análisis financieros y testimonios legalmente obtenidos bajo la supervisión de jueces independientes y en observancia del debido proceso.
“Que ahora se dicten sobreseimientos o se absuelva plantea serias dudas sobre la independencia judicial y el uso del sistema para favorecer intereses particulares”, detalló.
“Lamento que en vez de fortalecer la lucha contra la corrupción, el país haya retrocedido al punto de premiar a quienes saquearon recursos públicos. Se envía un mensaje nefasto de impunidad a la sociedad guatemalteca”, resumió.
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, lamentó que los fiscales quieran responsabilizar a las anteriores autoridades del MP por el cierre de investigaciones, en especial, porque tienen las facultades para fortalecer los casos y de esa manera determinar de forma objetiva si los sindicados son o no culpables.
“Un buen proceder impone el agotamiento de una investigación objetiva y hacer uso de los recursos legales y constitucionales para cumplir con la función para la que fue creado el MP”, estimó Orellana.
No llegaron las respuestas
Para la redacción de este tema se solicitó postura de anteriores autoridades del MP por medio de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, el 3 de agosto de 2025, en su cuenta de X, Rafael Curruchiche publicó un video en el marco del cuarto aniversario al frente de la FECI.
Aseveró que su objetivo era manejar esa instancia con legalidad y pleno respeto al Estado de derecho. “Antes a usted se le indagaba sin saberlo. No había registro ni control de las investigaciones en el sistema informático. Bastaba un simple señalamiento de un supuesto colaborador eficaz o testigo protegido”, afirmó.
La FECI trabajaba bajo estándares de calidad y sus investigaciones se encuentran en un sistema informático, agregó Curruchiche. “Estamos rescatando el sistema de justicia”, aseveró.
Deja un comentario