Alejandro Balsells Conde
El Consejo Superior Universitario (CSU) constituye la máxima autoridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Por mandato constitucional, la USAC es la única universidad estatal, un craso error, basta ver Costa Rica, México, Brasil y la Argentina para percatarnos del yerro.
El CSU está presidido por el rector y es integrado por los decanos, así como representantes estudiantiles y catedráticos titulares de cada facultad, y por último representantes de los colegios profesionales egresados de la universidad.
También por mandato constitucional el gobierno universitario es tripartito; es decir, integrado por estudiantes, profesores titulares y egresados.
La USAC siempre se caracterizó por ser ejemplo de democracia, de hecho en 1982 cuando hubo un golpe de Estado y comenzó la transición democrática, Eduardo Meyer Maldonado, quien fungía como rector, era catalogado como la única autoridad democráticamente electa en el país.
Los tribunales y la Corte de Constitucionalidad han sido selectivos en sus resoluciones.
No ha existido la renovación de consejeros que obliga la ley, el representante del Colegio de Ciencias Económicas lleva más de 20 años siendo el ejemplo paradigmático, pero existen más abusos similares. El punto es que ya en el 2026 han existido amparos ordenando la renovación de los cargos de consejeros, y la USAC y sus autoridades, sin duda acompañados por rabulescos personajes, se niegan a acatar las órdenes judiciales y constitucionales.
En un país donde existe gente presa y exiliada por una criminalización a la carta promovida por el Ministerio Público, el patrón de impunidad debe comenzarse a ver en el CSU y el gobierno universitario, porque es evidente cómo el cáncer aflora siendo el núcleo la institución cuya historia es completamente distinta.
Los tribunales y la Corte de Constitucionalidad han sido selectivos para ejecutar sus resoluciones, así que este es momento de exigir lo que la ley obliga: un CSU legítimo y por supuesto declarar la nulidad de lo que se ha hecho fuera de las órdenes judiciales.
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