Alejandro Balsells Conde
Conforme norma constitucional, el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) obedece a una integración tripartita: profesores titulares, estudiantes y egresados. Deben estar representados, tanto en el Consejo Superior Universitario como en el Cuerpo Electoral Universitario, encargado este último de elegir rector.
También la Constitución establece una excepción a la libertad de asociación y obliga a la colegiación profesional. Por ella todos los profesionales deben estar agremiados en colegios y así habilitados para su ejercicio profesional. A la vez, se señala de forma expresa que los colegios profesionales funcionan con total independencia de las universidades de las que sus miembros hayan egresado.
Las autoridades de la USAC reformaron sus reglamentos para “habilitar” su competencia y calificar las elecciones gremiales, las cuales tienen sus normas propias y sobre las cuales no tiene ningún derecho. Y así, en plena violación constitucional inhabilitaron a los cuerpos opositores al rector actual, quien al no tener contendiente y además solo contar con una exigua presencia de los miembros del Cuerpo Electoral Universitario obtuvo la cantidad suficiente de votos (2/3) para ser reelecto rector.
Observar cómo se roban una elección evidencia la podredumbre del sistema judicial.
Observar cómo las autoridades universitarias se roban una elección con todos los reflectores puestos sobre ellas evidencia la podredumbre del sistema judicial. Ante estas situaciones, la labor jurisdiccional es la competente para encauzar los canales de la legalidad. Acá vemos cómo sala tras sala y la propia Corte de Constitucionalidad hicieron mutis para garantizar la usurpación.
Se ha dicho hasta el cansancio que el ataque a la supremacía constitucional y al régimen de legalidad en el país tiene su principal fuente en el sistema judicial y en la Corte de Constitucionalidad, el caso de la USAC lo muestra, prueba y concluye lo dicho.
Si así se roban el gobierno universitario, ya podemos imaginar el desastre académico que estos funcionarios garantizan para conseguir impunidad, favores y protecciones.
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