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Estudio geológico sustenta construir cárcel en Izabal

Ministro de la Defensa afirma que, históricamente, en el lugar nunca ha habido inundaciones, y descarta desabastecimientos

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Se tiene respaldo de estudios de suelo, geológicos y ambientales y que históricamente el área donde se comenzó a construir la cárcel de máxima seguridad El Triunfo no registra inundaciones y que, por la topografía, solo la posible acumulación de agua, para la cual se prevé solución, afirmó el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

El funcionario aseguró que el análisis técnico lo confirmó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). “Es un área que acumula agua, pero que haciendo algunas correcciones se puede construir; eso ya se estableció en el diseño del Cuerpo de Ingenieros. No habrá ningún problema”, remarcó.

El pronunciamiento sucede luego de que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal suspendió los trabajos, iniciados el viernes pasado. Para sustentar el fallo, los tres jueces argumentaron supuestos peligros de inundaciones y la defensa de los derechos humanos de los terroristas.

Sáenz precisó que la construcción se basó, además de la opinión de geólogos, en estudios de impacto ambiental.

Rechazó la excusa de posibles incomunicaciones, al argumentar que el “Estado tiene vías aéreas para administrar la cárcel a través de un puente aéreo”. Agregó: “La cárcel siempre va a estar provisionada de alimentos, seguridad y todo lo que se necesite”.

Trasfondo dudoso

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la oposición al penal de máxima seguridad proviene del narcotráfico local. “Están comenzando a evidenciar a sus operadores y socios en estas actividades criminales”, sostuvo.

Reiteró que la negativa a la edificación es porque un presidio conlleva presencia de las fuerzas de seguridad, “que obstaculizarán sus operaciones”.

“Que no se equivoquen: no vamos a detenernos. La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable”, advirtió el gobernante tras la interrupción de los trabajos.

El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, secundó al mandatario: “Ese es un lugar donde de entrada se le extinguió varios bienes a una persona que fue condenada a 25 años por narcotráfico en Estados Unidos. Eso da una idea de las actividades que se realizan”.

Según el jefe del Mingob, grupos criminales y opositores a la cárcel se ven amenazados por la presencia del Estado y, con el uso de todas sus formas y herramientas, se niegan al penal. Recordó que en el lugar se trasiega droga y se hace minería ilegal con el jade.

Villeda, con amplia trayectoria judicial, aseveró que la sala que otorgó el amparo provisional es un tribunal “incompetente para conocer”, y criticó que haya fallado “sin darle audiencia a ninguna de las autoridades que ha sido cuestionada, condición que la ley establece”.

Puntualizó en que el Ministerio de Gobernación seguirá todos los caminos legales con respeto al Estado de derecho, para revocar el amparo y no postergar uno de los proyectos más ambicioso en temas de seguridad del actual Gobierno.

La opinión

De acuerdo con el criminólogo y criminalista Julio Hernández Chávez, la edificación de un centro de esta naturaleza es “muy necesaria” para el país, pues permite el aislamiento efectivo de privados de libertad, que elimine su comunicación con las calles.

Hernández Chávez explicó que, desde siempre, el territorio de Izabal ha carecido de presencia estatal sólida, lo que permitió que grupos dedicados al narcotráfico, contrabando y tráfico de personas tomaran control del terreno y de la voluntad de parte de la población a través de “donaciones” o ayudas para el campo y la salud.

“Un presidio de esta naturaleza, y con estas características, significa el movimiento constante y la presencia permanente de fuerzas de seguridad en el área. Esto hace incómoda la actividad ilícita a la que están dedicados los grupos asentados en este sector”, puntualizó el experto.

Respecto a las inundaciones mencionadas en el amparo provisional, el experto señaló: “Cada año hay poblados que se inundan y nadie dice nada; ni una sala ni una corte apela por el bienestar de los vecinos. Pero sí se ocupan de los derechos de los reclusos que van a estar ahí, por el riesgo de una posible inundación cuando todavía ni se ha construido”.

Penal de primer nivel

El referido centro albergará a más de 2 mil 74 líderes terroristas. Está previsto que se concluya en 12 meses, y se proyecta invertir Q1 mil millones.

El modelo contempla el aislamiento de los reclusos y controles estrictos las 24 horas del día.

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