La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala subrayó la importancia de aplicar criterios “claros, objetivos y previsibles” en la evaluación de los aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
El pronunciamiento, emitido mediante un comunicado de prensa, surge tras un amparo que cuestiona la participación de candidatos provenientes de la judicatura, bajo el argumento de que su desempeño no constituiría ejercicio de la profesión de abogado. Ante ello, la Misión recordó que la Constitución reconoce el derecho de optar a cargos públicos, conforme a los requisitos establecidos.
Asimismo, destacó que la función jurisdiccional “constituye una manifestación especializada, continua y pública del ejercicio jurídico”, por lo que consideró relevante que dicha trayectoria sea valorada conforme al diseño constitucional, evitando interpretaciones “excesivamente restrictivas”.
Finalmente, reiteró que las decisiones deben estar “debidamente motivadas”, en apego a la Carta Magna, y contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática.
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