Luis Assardo
Periodista e investigador
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En los últimos dos años varios gobiernos han decidio intervenir en una decisión que durante mucho tiempo quedó en manos de las familias y las propias plataformas: el acceso de menores de edad a redes sociales. Países como Australia han planteado prohibiciones casi totales para ciertos rangos etarios; en Europa, el debate se ha intensificado al calor de normas como el Reglamento de Servicios Digitales; y en Estados Unidos algunos estados exploran exigir consentimiento parental reforzado. La pregunta de fondo es si restringir es proteger o si, por el contrario, es desplazar el problema. En el lado positivo, la evidencia acumulada sobre salud mental, exposición a contenidos violentos o sexuales y dinámicas de acoso digital ha encendido alertas legítimas. Limitar el acceso temprano puede reducir la presión social constante, la comparación permanente y la dependencia de sistemas diseñados para maximizar el tiempo de pantalla. También envía un mensaje claro a la industria: el bienestar infantil no puede ser una externalidad del modelo de negocio. Obligar a verificar edad o rediseñar interfaces menos adictivas introduce incentivos que antes no existían.
Las prohibiciones estrictas suelen empujar a los menores hacia espacios menos regulados, donde el acompañamiento es aún menor.
Además, estas leyes reconocen que la asimetría entre menores y plataformas es enorme. Un adolescente no negocia en igualdad de condiciones con algoritmos entrenados para captar su atención. Establecer barreras mínimas es una forma de equilibrar poder. Pero los riesgos tampoco son menores. La verificación de edad puede derivar en sistemas intrusivos que erosionen la privacidad de todos los usuarios, incluidos los adultos. Si para demostrar que tengo 16 o 25 debo subir un documento oficial o someterme a reconocimiento facial, el remedio puede resultar más peligroso. Además, las prohibiciones estrictas suelen empujar a los menores hacia espacios menos regulados, donde el acompañamiento es aún menor. Existe también un dilema pedagógico. Restringir no equivale a educar. Si la ley sustituye la conversación familiar y la alfabetización digital, corremos el riesgo de formar jóvenes que, al cumplir la edad permitida, ingresen sin herramientas críticas a un entorno igualmente complejo. La regulación puede ser necesaria, pero no es una solución de fondo. Lo ideal sería tener transparencia algorítmica, responsabilidad empresarial y educación digital sostenida. Proteger a los menores en internet es un objetivo legítimo. La cuestión es cómo hacerlo sin construir un ecosistema más vigilado, más opaco o más excluyente que aquel que intentamos corregir.
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