“Los cuerpos técnicos de finanzas están trabajando y explorando la forma de realizar este ajuste para poder ordenar y hacer los esfuerzos para que la programación que habían hecho las entidades sean respetadas con la máxima posibilidad”, expuso Walter Figueroa, viceministro de Finanzas.
En el tema de inversión se ajusta ahora a un monto de Q154 mil 836 millones, por lo tanto, las nuevas iniciativas de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento previstas para este año se postergarán hasta la aprobación de un marco presupuestado actualizado que atienda las necesidades del país, aseguró Figueroa.
Entre los proyectos se encuentra la construcción de la cárcel de máxima seguridad, contemplada en el Decreto 11-2025 Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, la cual queda desfinanciada por el momento, explicó. Se suspenden los gastos asignados para la construcción y mejoramientos de puestos de salud, escuelas (aunque se asegura que los 500 centros para básico y diversificado serán prioridad de inversión con lo que se cuenta) y servicios de extensión agrícola, entre otros.
Se desfinancian los proyectos de puertos y aeropuertos, necesarios para el impulso y desarrollo económico del país.
Se limitan los fondos para la Dirección de Proyectos Viales Prioritario y la Superintendencia de Competencia, entidades que inician funciones.
El presidente Bernardo Arévalo dijo que, ante esta situación, estructuras que se dedican a desinformar lo han aprovechado para infundir temores sobre la capacidad del Ejecutivo para responder. Sin embargo, reiteró: “Mi gobierno está firmemente comprometido a continuar trabajando para responderle al pueblo y brindarle los servicios que necesita y merece, llevando desarrollo a todo el país”, y que estarán trabajando junto con el Congreso para suplir estas necesidades.
Otros planes
Los cinco préstamos estratégicos aprobados mediante los decretos 22, 23, 24, 25 y 26-2025, que suman US $1 mil 350 millones destinados a programas de gasto social, electrificación rural, infraestructura vial, movilidad rural y finanzas públicas.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
• US $300 millones para gasto social y protección de poblaciones vulnerables.
• US $250 millones para electrificación rural, beneficiando a 70 mil hogares.
• US $350 millones para mejorar la carretera CA-9 Norte
(Teculután-Mayuelas).
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF):
• US $400 millones para infraestructura rural y movilidad.
• US $50 millones para gestión del gasto público basado en datos.
Existe riesgo de no poder ejecutarlos y cubrir los compromisos adquiridos de una forma técnica y eficiente, lo que compromete la ejecución de los proyectos y la sostenibilidad financiera de las obligaciones pactadas.
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