El Gobierno de Estados Unidos informó que Comunicaciones Celulares, S. A., que opera como Tigo Guatemala, pagó más de US $118 millones para finiquitar una investigación penal por un esquema de sobornos a funcionarios guatemaltecos, tras una pesquisa encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ) de aquella nación norteamericana.
Según el documento oficial del DOJ, “en noviembre de 2025, Comunicaciones Celulares SA, proveedor de servicios de telecomunicaciones móviles y fijas en Guatemala, pagó más de US $118 millones para resolver investigaciones sobre un esquema de sobornos para funcionarios gubernamentales en Guatemala”.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en el Distrito Sur de Florida, Tigo aceptó el trato de procesamiento diferido por dos años, mediante el cual se declaró responsable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la legislación estadounidense.
“Entre 2012 y 2018, dicha empresa participó en un esquema de sobornos generalizado y sistemático, orquestado por su entonces accionista guatemalteco y otros altos funcionarios”, mediante pagos mensuales, principalmente en efectivo, a diputados del Congreso de la República y a miembros de sus equipos de seguridad, con el fin de obtener respaldo legislativo a iniciativas favorables a la empresa.
El expediente subraya que “parte del efectivo para pagar sobornos provenía” de otros supuestos ilícitos, elemento que habría agravado la situación y llevó a reabrir las pesquisas en 2020, tras el hallazgo de la nueva evidencia independiente.
Multa y compromisos
Como parte del acuerdo, la empresa aceptó pagar una sanción penal de US $60 millones y un decomiso administrativo de US $58.19 millones. El DOJ indicó que “Tigo Guatemala y su empresa matriz, Millicom, acordaron seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en cualquier investigación penal en curso o futura”, además de fortalecer sus programas de cumplimiento interno.
El expediente oficial agrega que la telefónica recibió una reducción del 50 % sobre el rango máximo de sanción aplicable, debido a su cooperación posterior y a la implementación de medidas correctivas, aunque aclaró que la conducta ilícita continuó incluso después del cierre de la primera fase de la investigación en 2018.
El Diario de Centro América intentó obtener la postura de Tigo Guatemala, pero no fue posible. Se realizaron llamadas a la empresa el viernes 26 y sábado 27 de diciembre, sin que se obtuviera respuesta.
En ambos intentos se solicitó enlace con el Departamento de Comunicación, a fin de conocer la versión institucional; sin embargo, la comunicación quedó en espera y posteriormente fue cortada.
Los contrastes
Mientras el caso concluyó en EE. UU., en Guatemala las investigaciones penales no han derivado en sentencias. En 2017, la Cicig y la FECI accionaron y documentaron presuntos sobornos a diputados para aprobar legislación favorable a la empresa; sin embargo, el proceso quedó estancado tras la salida del ente de las Naciones Unidas y cambios en la conducción del Ministerio Público (MP).
Sobre este contraste, el exjefe de la FECI en el exilio, Juan Francisco Sandoval, afirmó: “Ese pago de US $118 millones no es un acto voluntario ni filantrópico. Lo que implica es que autoridades de Estados Unidos acreditaron hechos ilícitos vinculados a sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero y violaciones a leyes anticorrupción”.
Agregó que el acuerdo evidencia una diferencia en la actuación institucional. “En Estados Unidos reconoció que hubo corrupción, mientras que en Guatemala la fiscal general del MP, Consuelo Porras, asumió actitudes para no investigar o archivar la investigación”, sostuvo Sandoval.
Este matutino se comunicó con personal de Comunicación del MP, a quienes se pidió apoyo para recibir respuestas a las críticas vertidas por el exfiscal, pero no fue posible tener la reacción.
Además, Sandoval sostuvo que la resolución alcanzada en aquella nación deja en evidencia las consecuencias de la falta de persecución penal interna y advirtió sobre el mensaje que se transmite a la ciudadanía.
“Lo que revela este caso es una fractura grave del Estado de derecho en Guatemala. Las empresas grandes rinden cuentas fuera del país, mientras que dentro permanecen impunes los funcionarios y actores que facilitaron la corrupción”, expresó el exfiscal.
Voz de expertos
El director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, lamentó que la rendición de cuentas se produzca fuera del país. “Esa famosa Ley Tigo fue ampliamente conocida y cuestionada, y aún así se aprobó de urgencia nacional con el voto de dos terceras partes de los diputados”, recordó.
Polanco añadió que el alcance de la justicia debería ser más amplio “Si se sanciona a Tigo, también debería sancionarse a los diputados que votaron a favor. Algunos de ellos aún continúan en el Congreso”, afirmó.
Desde una perspectiva legal, el abogado penalista David González consideró que la situación marca un punto de inflexión. “La investigación que desarrolla el FBI contra Tigo Guatemala es altamente positiva y necesaria, porque permitió destapar aspectos que el sistema guatemalteco no abordó efectivamente, como la continuidad de sobornos y su vínculo con el
narcotráfico”.
Asimismo, subrayó que el caso abre posibilidades legales para Guatemala “La investigación extranjera puede activar mecanismos de cooperación internacional y permitir que el MP incorpore pruebas del FBI para reactivar investigaciones estancadas”, resumió.
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