El debate por el ya oficial incremento al salario mínimo para 2026 vuelve a colocar en la agenda pública una discusión de fondo: cómo garantizar ingresos dignos en un país donde la informalidad sigue siendo la norma, las brechas son muy amplias y en el que la prosperidad debería repercutir en mejores condiciones para todos, tal como lo afirman los ministros de Trabajo, Miriam Roquel, y de Finanzas, Jonathan Menkos.
Tanto el Gobierno como los centros de pensamiento coinciden en un punto clave; el aumento es necesario para el trabajador formal, aunque no resuelve por sí solo las distancias estructurales del mercado laboral guatemalteco.
Desde el Ejecutivo, Roquel defiende que la decisión presidencial se sustentó en datos técnicos.
Que la Comisión Nacional en este ámbito trabajó con información del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto Nacional de Esstadística (INE) y el Banco de Guatemala (Banguat).
“Sobre datos se versa la decisión presidencial”, recalcó, al tiempo que resaltó la importancia del diálogo social entre empleadores, trabajadores y Gobierno.
Roquel respondió también a los señalamientos de algunos sectores empresariales que alertan sobre un posible aumento de la informalidad. Aseguró que el Ministerio de Trabajo ha reforzado la generación de data para no perjudicar al sector empleador, pero sin perder de vista las necesidades de los trabajadores y la capacidad real de las empresas.
“El análisis del salario se sustentó en datos objetivos y técnicos”. Miriam Roquel Ministra de Trabajo
Inclusión
Según el ministro Menkos, una mejora salarial es clave en un país marcado por desigualdades estructurales, ya que eleva el ingreso de las familias trabajadoras, reduce la pobreza laboral y fortalece la inclusión social.
Subrayó que el aumento no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que dinamiza la economía al ampliar el consumo, incentivar la inversión y favorecer el empleo.
Menkos recordó que estudios internacionales confirman que incrementos moderados y progresivos impactan positivamente en el ingreso promedio, la productividad y la reducción de brechas salariales de género y edad.
“La prosperidad debe compartirse; cuando los dados están cargados a favor de unos pocos, se debilita la democracia y el desarrollo”, enfatizó, y sostuvo que esta es una decisión técnica, pero también un acto de justicia social.
A criterio del economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Erick Coyoy, este rubro cumple una función básica e irrenunciable. “Busca asegurar que todos los trabajadores tengan un nivel mínimo de ingresos para cubrir el costo de vida”, sostuvo, al recordar que la canasta básica mantiene una tendencia al alza.
En ese contexto, considera que la progresión es indispensable para que el trabajador y su familia puedan cubrir bienes esenciales.
Coyoy advirtió que el principal problema no es el monto de este factor, sino el alcance de la norma. En Guatemala, apenas el 30 % del empleo es formal, mientras que el 70 % permanece en la informalidad, un espacio donde la ley no se cumple y los ingresos son considerablemente menores.
De ahí que plantee políticas complementarias, tales como mejorar la educación, elevar la productividad y fortalecer a las mipymes, a fin de que generen mayores ingresos y, con ello, sostener mejores salarios. Desde el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el experto en economía David Casasola llama a moderar expectativas. Expuso que el mercado laboral formal ronda los 2.3 millones de personas, frente a una población ocupada cercana a los 12 millones.
En su análisis, el salario mínimo es cada vez menos relevante para quienes viven en mayor precariedad, mientras que su impacto se concentra en sectores urbanos y con mayor nivel educativo. Aun así, reconoció que el reto está en evitar que actividades al borde de la formalidad retrocedan hacia la informalidad.
Temores infundados
El experto en este ámbito y sindicalista Adolfo Lacs respaldó la medida y puso de ejemplo el aumento del 10 % aprobado el año pasado.
Durante una entrevista con Emisoras Unidas, recordó: “Se anunció una catástrofe que nunca ocurrió: creció el PIB, aumentaron los afiliados al IGSS y la inflación se mantuvo baja”. De cara a 2026, Lacs sostuvo que un nuevo ajuste impulsará el gasto de las familias y fortalecerá la economía. Sobre la caída del empleo agrícola, enfatizó en la mecanización y los bajos salarios como factores determinantes, más que al salario mínimo.
Inconforme
El sector empresarial emitió un comunicado en el que reafirmó que la medida cierra oportunidades, limita la capacidad para contratar y dificulta acceso a oportunidades para los jóvenes. Además, que encarece los costos laborales y el empleo formal.
Un debate abierto
A diferencia del anterior, el debate para el salario de 2026 se desarrolló con datos que contradicen los escenarios más adversos. El desafío, coincidieron expertos y autoridades, no fue solo definir un porcentaje, sino articular una política salarial que consideró productividad, formalización y costo de vida.
La decisión presidencial marcó el cierre del proceso y envía una señal clara sobre el rumbo de la política laboral y económica del país.
El salario mínimo no genera aumento al ISR
Este incremento no se traduce en una mayor carga de impuestos para los trabajadores. Existen mecanismos legales que alivian el impacto en el impuesto sobre la renta (ISR) y fortalecen el ingreso disponible.
• Bonos no afectos a ISR. Algunos como la prima incentivo, no son parte de la base imponible del ISR. Así que, aunque el trabajador reciba más dinero al mes, ese monto no paga impuesto, y eleva el ingreso real.
• Deducción de la cuota al IGSS. La aportación del trabajador es deducible al calcular el ISR. En la práctica, primero se descuenta el IGSS y luego se calcula el impuesto.
• Ingreso neto protegido. Al combinar bonificaciones exentas y deducciones permitidas, el salario mínimo mejorado da un plus al poder adquisitivo sin castigar de forma significativa el ingreso por la vía tributaria.
• Entre las dos circunscripciones, tres de seis salarios superan los Q4 mil mensuales, al hacer la deducción del IGSS, una de las remuneraciones sobrepasa esa cifra (salario No Agrícola para el departamento de Guatemala).
Este es el cálculo del ISR, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT):
La SAT sugierere a los trabajadores que perciben el salario No Agrícola en el departamento de Guatemala pedir factura con NIT durante las compras que hagan en 2026; al presentar su planilla a fin del ciclo ese año, recuperan los Q35.38.

Bajo control
En el frente macroeconómico, el Banguat reporta que la inflación se ha mantenido baja y estable durante 2025, incluso por debajo del límite inferior del rango meta (4 % ± 1).
En agosto estaba alrededor del 1.17 %, lo que llevó a reducciones en la tasa de interés líder. “El comportamiento inflacionario no refleja presiones generalizadas, sino aumentos puntuales en algunos productos”, indica el Banguat, que proyecta una convergencia hacia el valor central de la meta durante 2026.
Informalidad es un desafío estructural
Aunque sigue siendo el principal reto del mercado laboral, algunos indicadores muestran mejoras parciales. En el área urbana metropolitana, la tasa de informalidad cayó de 48.8 a 45.2 % durante los dos primeros trimestres de 2025. En zonas rurales se mantiene por encima del 77 %.
“La inspección general de trabajo tiene un programa específico para promover la formalidad”, explicó Damaris Oliva. “Para noviembre alcanzamos una ejecución del 73.81 % y esperamos superar el 90 % al cierre del año, especialmente por los operativos programados en diciembre”, aseguró.

Otros países
También existe la figura del salario mínimo y se modifica con periodicidad; depende de algunos factores en común, tales como el encarecimiento de la vida, el tipo de labor y el lugar. De CA, Costa Rica estipula hacerlo dos veces al año. Además, existe el mínino por medio tiempo.
Para 2026 se prevé:
• Estados Unidos: el mínimo legal federal es US $7.25 la hora (US $ 1 mil 256 al mes/ 40 horas)
• México: US $15.75 diarios (US $472 mensuales/en zona fronteriza es US $22 por día o US $660 al mes)
• Costa Rica: US $730/800, mensuales, según tipo de ocupación.
En 2025 rigen estos:
• Honduras: US $530
• Belice: US $487
• El Salvador: US $408
• Nicaragua: US $363
• Panamá: US $341
Fuente: tabla elaborada con información de las sedes gubernamentales del trabajo en cada país.











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