El presidente Bernardo Arévalo, acompañado de autoridades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), presidió este viernes un acto de disculpa pública en el Palacio Nacional de la Cultura, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El evento reconoce la responsabilidad internacional del país por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán, Luis Ruiz Luis y sus familiares durante el conflicto armado interno en 1989.
El año pasado, la CIDH declaró al Estado guatemalteco responsable de estos atropellos, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el contexto del conflicto armado interno que azotó al país entre 1960 y 1996.
Esta resolución obliga al gobierno a ofrecer reparaciones simbólicas y materiales a las víctimas y sus familias, destacando la importancia de la justicia transicional para sanar las heridas del pasado y prevenir futuras violaciones.
El acto representa un paso significativo en la agenda de derechos humanos del gobierno de Arévalo, quien ha enfatizado la reconciliación nacional.
Representantes de Copadeh reiteraron el compromiso del Estado con la verdad y la memoria histórica, invitando a la sociedad guatemalteca a reflexionar sobre el legado del conflicto armado, que dejó miles de víctimas y un profundo impacto en comunidades indígenas y rurales.
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