Líderes del sector judicial de 21 países de América Latina, de Europa y Estados Unidos se comprometieron ayer a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva.
En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, los firmantes de la Declaración de Santo Domingo asumieron su “compromiso histórico” para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región, destacó el Poder Judicial dominicano en un documento.
Entre esos acuerdos se incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas jurídicos con enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población Lgbtiq+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.
En ese orden, los representantes se disponen a promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.
También, procurar recursos humanos, financieros y técnicos de cooperación internacional.
En el encuentro de dos días participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
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