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Y si cumpliera con todas sus funciones y le sobraran el tiempo y el dinero, ¿Por qué no? (I)

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El Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han celebrado un convenio de cooperación (Carta de entendimiento) que tiene por objeto fortalecer la capacidad de las autoridades electorales para prevenir la infiltración de dinero ilícito en el financiamiento de las organizaciones políticas.

El convenio se celebra a las puertas ya del próximo proceso electoral, y su intención parecería encomiable, encontrándose dentro del ámbito de la citada Comisión la potestad para celebrar este tipo de convenios, tanto con instituciones nacionales como extranjeras, lo que también ocurre en lo que respecta al Tribunal, siempre y cuando se circunscriban al ámbito de las funciones que les corresponde.   

De conformidad con la CICIG (informe temático realizado por esta) el 25% del financiamiento electoral que reciben en Guatemala los partidos políticos proviene del narcotráfico, afirmación que, sin embargo, hasta la fecha, no ha logrado comprobar en juicio alguno y, es más, no la ha llevado a impulsar persecución de ningún tipo en contra de quienes –a sabiendas– hayan aportado o recibido dinero de semejante procedencia: el 25% del dinero que –a su decir– financia las campañas electorales.  

Son varios los convenios celebrados por la CICIG con instituciones diversas, siendo este (la Carta de entendimiento) uno más, sí, pero de singular importancia como consecuencia de los fines perseguidos y, precisamente por ello –quién te quiere te aporrea– debo señalar que no debe olvidarse la sabia sentencia popular que previene que, “quien mucho abarca, poco aprieta” y que, en tal sentido, debe preocuparse por cumplir, primero, con las funciones que le corresponden y que constituyen la razón de ser de que la hayamos constituido; es decir (la cita es textual): “Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad con los objetivos del acuerdo”.

“Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes”.

“Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas necesarias para este fin.” Tales, las funciones que corresponden a la Comisión establecida, siendo los objetivos de su creación (la cita también es textual): “Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos que operan en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos”.

“Crear los mecanismos y procedimientos necesarios que deberán implementarse para la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas”.

En materia electoral –si cierto lo del financiamiento por parte del narcotráfico– no ha evidenciado la CICIG la eficiencia que se esperaría de su parte cara a detectarlo –de verdad– combatirlo y sancionarlo, puesto que poco avance, por no decir ninguno, ha tenido su trabajo en cuanto a los aportes a las campañas electorales de recursos provenientes del narcotráfico, sabiendo de su procedencia quienes los aportan y/o quienes los reciben. Su único aporte al tema, por llamarlo aporte, la afirmación realizada de que el 25% de las campañas políticas es financiado por el
narcotráfico. 

Independientemente de que contase la CICIG con el tiempo y el dinero suficiente para atender lo pactado con el Tribunal Supremo Electoral en la Carta de
entendimiento, habiendo ya logrado tener bajo su control todo lo relativo a las razones que determinaron su creación, las razones ya citadas (los asesinatos de los líderes campesinos, bajo su exitosa persecución, es algo INELUDIBLE, algo que constituye la esencia misma de su mandato, persecución que no se manifiesta en parte alguna), independientemente, decía, de que tales funciones se encontrasen satisfechas y de que se contara con tiempo y con dinero para más, lo que podría hacer que nos preguntáramos, entonces ¿por qué no? no deja de preocupar su participación en materia electoral puesto que –que además de no figurar la palabra electoral, en parte alguna del acuerdo de su creación– ha evidenciado claros y peligrosos desaciertos en esta materia. Uno de ellos, por ejemplo, perseguir –como delito– lo que no constituye delito alguno, tal el caso de la aportación de dinero limpio –dinero de legítima procedencia– a una campaña electoral cuando la Ley circunscribe este delito –cuando se trata de dinero limpio– única y exclusivamente a quienes, recibiéndolo, no lo registran. (La Corte de Constitucionalidad, incluso en cuanto a quienes lo reciben y que, por cualquier razón, no lo registran, ha señalado el absurdo de que se les castigue con la misma pena si se trata de dinero limpio o de dinero sucio, conociendo su procedencia delictiva).

Además de inventar la acusación penal la  palabra aporten, donde la palabra aporten, no existe (caso de aportaciones de dinero limpio)  en el caso de los empresarios que aportaron su dinero –  dinero limpio de legítima procedencia –  no se trata de aportación a entidad política alguna puesto que los empresarios, a través de la empresa mercantil  que contrataron para hacerlo,  pagaron directamente a los fiscales de mesa (apoyo que les dieron, por cierto,  con el “espurio, oscuro y perverso fin”, de asegurar la correcta celebración de las votaciones y el correcto conteo de los votos). ¡Imperdonable!

Por otra parte – y siempre en este caso del ejemplo – se dio a perseguir, también,  al Presidente de la República – antejuicio – por no haber registrado, como recibido, lo que nunca recibió, absteniéndose de investigar al respecto –  lo que de haber hecho y que nada le impedía hacer –   le habría llevado a confirmar que, no sólo no recibió ese dinero limpio,  empresarial, sino  que, incluso, se negó a recibirlo.

Haciendo caso omiso de lo anterior, sujeto a prueba, lo que escapa de toda discusión – irrefutable – es que se ha perseguido a empresarios y Presidente, por un caso de dinero limpio para asegurar votaciones correctas y correcto conteo de los votos, pero no existe persecución alguna por caso alguno referente a dinero proveniente del narcotráfico. ¿Qué pasó, entonces, es preciso preguntarse,   con el cacareado  25%?  ¿Alguna consistencia en la afirmación o, tan sólo, palabras y palabras?

Existe, además, en la campaña política que se avecina,  una posible polémica – directa o indirecta –  sobre la prórroga o la conclusión del Mandato de la Comisión, asunto que compromete la objetividad e imparcialidad  de la misma en el proceso electoral y, en consecuencia, aparte de

lo estrictamente jurídico ( escapar a su mandato con desatención de lo que sí le corresponde – el establecimiento de si existen o no  grupos o aparatos clandestinos de seguridad detrás de los asesinatos de los dirigentes campesinos, por ejemplo  ) elemental tino  político desaconseja su participación en el proceso electoral,  inevitable como lo es a tenor de la Carta de Entendimiento celebrada con el Tribunal Supremo Electoral, tino que no ha sido su característica, falta de tino, por ejemplo, el  no haberse tomado  el tiempo  necesario para comprender y comprobar que en el caso del hermano y del hijo del Presidente podría haber infracción administrativa, pero no delito, lo que agrió, necesariamente su relación con este y perjudicó la lucha a librarse, algo que, obviamente,  no preocupó, en absoluto, a quienes –instrumentalizándola – no han buscado justicia, sino vías de  toma del poder, sin elecciones.

El Convenio celebrado (Carta de entendimiento) adolece de inconstitucionalidades y peligros y, al respecto, cabe señalar que  es inconstitucional que las partes establezcan que “en ningún caso asumirán ni serán responsables de las opiniones que en forma personal se emitan en los eventos institucionales que se celebren”, exención de responsabilidad que pueden pactar entre sí pero no frente a terceros, con lo que se erigen – ilegalmente – en legisladores.

Es inconstitucional, así mismo, que se usurpen funciones de la Procuraduría General de la Nación, previéndose la posibilidad de que el Tribunal solicite “asesoría” a la Comisión, cuando la única entidad asesora y consultora del Estado, por mandato constitucional expreso, es la Procuraduría General de la Nación, función no delegable,

Lo suyo, lo de la Comisión,  de conformidad con el Acuerdo que la creara  – en lo que se refiere  a recomendación de políticas públicas – se circunscribe a  aquellas que formule para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, no siendo un mandato para que intervenga, a su discreción,  en todas las materias como que si se tratara de   una fuente infinita de conocimientos.

El Tribunal Supremo Electoral, al igual que su contraparte, también usurpa funciones en  la Carta de Entendimiento – ilegal y peligroso  – y, así, se auto proclama el responsable de la formación cívica y política de la población, proclamación esta que no sólo  carece de sustentación legal alguna sino que  contradice normas expresas que depositan esa formación en otras instituciones y entidades.     ,

Peligrosas, también,  ciertas  normas vagas de la Carta de Entendimiento como la que establece el fortalecimiento y transferencia de capacidades al tribunal Supremo Electoral por parte de la CICIG sin especificar que se refieren única y exclusivamente a  las que tengan que ver con la infiltración de dinero ilícito  en el financiamiento de las organizaciones políticas, como que la CICIG fuera experta también en todos los  temas electorales. ¡Por favor!

Peligrosa también – muy peligrosa – la asistencia pactada al Tribunal Supremo Electoral, por parte de la CICIG, en la implementación y seguimiento de la Unidad Especializada de Medios  de Comunicación y Estudios de Opinión, hecha la prevención de la falta de objetividad y de imparcialidad a que está expuesta  dado que, directa o indirectamente, será tema de campaña entre aquellos que quieren que se vaya – sin más –  los que quieren que se quede – sin más – y quienes quieren  que se quede pero (quien te quiere te aporrea) con la necesaria corrección  de lo que la ha llevado a desaciertos, algunos de tan grave magnitud , que han abonado  – y abonan –  el terreno de quienes – sin más –  quieren que termine.

La mezcla del uso mediático de la acusación penal – ya de por sí peligrosa en un proceso electoral  (no debería hacerse nunca un uso mediático de tal persecución pero  menos aún   en un momento como este)  –   mezcla con la intervención de la Comisión en este  proceso, en los términos que establece la Carta de Entendimiento celebrada ( estos pueden corregirse) explosiva mezcla –   puede llevar a muy  graves e indeseables  consecuencias.

Las simpatías o antipatías políticas de la Comisión en el proceso deberían de salir sobrando pero, siendo parte interesada – su supervivencia, su extinción o su supervivencia corregida en juego  –  peligroso es que no logre superarlas: humana es y humanos los funcionarios  que la integran y que – así – ¡Sólo eso nos faltaba! tengamos un elemento más de polarización, distorsión, y preocupación en el proceso electoral.

Quien mucho abarca, poco aprieta   y – aunque sea menos espectacular y bastante más difícil – la prevención de que dinero del narcotráfico, de la defraudación del patrimonio del  Estado o de cualquier otra procedencia delictiva financie a las organizaciones políticas, así como la persecución  y castigo de quienes, sabiendo de esta, lo aporten o reciban; aunque sea menos espectacular y más difícil, decíamos, que perseguir a empresarios y a un  Presidente, con ocasión de dinero limpio aportado – lo que no constituye delito –  pero cuya recepción no se habría registrado – lo que sí lo constituiría, si se hubiera recibido, lo que no ocurrió; Aunque resulte menos espectacular y bastante más difícil, es lo que le corresponde hacer a la CICIG, de conformidad con su mandato, vinculado el dinero  del narcotráfico y del crimen en general – sin duda – con grupos y aparatos clandestinos de seguridad que persisten y que, incluso, podrían estar atentando – una vez más – contra la vida.

Acisclo Valladares Molina
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Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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