El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, reiteró que la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, cuenta con respaldo legal y responde a una necesidad estratégica del Estado en esta materia.
El funcionario afirmó que los señalamientos sobre supuestos requisitos incompletos carecen de sustento jurídico y fáctico. La postura surge a causa de cuestionamientos de autoridades locales y diputados integrantes de una mesa técnica de seguimiento, quienes señalan la ausencia de permisos ambientales, estudios de suelo y avales comunitarios.
Villeda explicó que el proyecto se ejecuta bajo el amparo del Decreto 3-2026, correspondiente a la ampliación presupuestaria vigente, el cual en su artículo 44 establece que, por tratarse de un asunto de seguridad nacional, la obra queda exenta de la Ley de Contrataciones, del Sistema Nacional de Inversión Pública y de licencias o avales institucionales o municipales.
No afecta a comunidades
En cuanto al terreno, detalló que es extenso y que únicamente el 60 % es utilizable, equivalente a más de 22 millones de metros cuadrados. De esta área, se emplearán 700 mil metros cudrados para la construcción, lo que calificó como una proporción mínima.
Añadió que el sitio se encuentra a tres kilómetros de la comunidad más cercana y a 12 km de San Vicente de Paúl, por lo que se descartan efectos negativos directos.
Sobre las ocupaciones irregulares en el lugar, indicó que estas no interfieren con el proyecto y que ya existe diálogo con los pobladores, quienes han mostrado disposición ante la urgencia de la obra.
Subrayó que esta infraestructura es clave para fortalecer el control del sistema carcelario y garantizar la tranquilidad ciudadana.
Inmueble del narcotráfico
Las áreas extinguidas al narcotraficante Mario Ponce Rodríguez son hoy activos estratégicos en Izabal, y en una de estas se edificará la prisión de máxima seguridad en Morales. Las autoridades recordaron que las propiedades fueron recuperadas en uno de los primeros casos conocidos por Villeda como juez de Extinción, tras la condena de Ponce en Estados Unidos.
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