Caracas, EFE
El Gobierno de Venezuela anunció que se reserva el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro.
La nave fue tomada en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas. Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de EE. UU., señaló el Ejecutivo de Maduro en un comunicado, en el que tildaron la confiscación de
“piratería”.
Según Washington, la aeronave es un Dassault Falcon 900EX, registrada a nombre de Maduro y de personas allegadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
La incautación se realizó con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos”, dijo el fiscal general, Merrick B. Garland.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas allegadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela.
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones, con el objetivode evitar que utilicen recursos estadounidenses “para socavar la seguridad nacional de EE. UU”.
Nunca se había incautado un venhículo de tanta relevancia y simbolismo al gobierno de Venezuela.
