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Ven positivos los subsidios para familias pobres

Gobierno dará apoyos que suman
150 millones de quetzales, los cuales paliarán carestía de vida de 150 mil hogares.

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Correctas y necesarias son consideradas las dos nuevas medidas anunciadas ayer por el Gobierno, las cuales entran en vigencia el 1 de julio para ayudar a familias de escasos recursos, afectadas por el aumento de precios.

Estas son “completamente lógicas como parte de las obligaciones del Estado de proteger la vida, alimentación y salud de las personas. Van a aliviar temporalmente una situación relacionada con esta inflación” en la Canasta Básica Alimentaria, afirmó Enrique Lacs, ex viceministro de Economía y Comercio Exterior, del Ministerio de Economía (Mineco).

Mientras, el analista Renzo Rosal indicó que “son medidas paliativas. Está claro que por diversos factores se han encarecido algunos artículos de la canasta básica y eso, indudablemente, nos pega a todos, en especial a aquellos sectores que están más empobrecidos”.

Ambos expertos coincidieron en que es necesario que la ayuda llegue a quienes, verdaderamente, lo necesitan y que sea con transparencia y rendición de cuentas.

Nuevas acciones

Una de las decisiones anunciadas es la implementación de un bono de 250 quetzales que se otorgará cada mes, de julio a diciembre, mediante el programa Bolsa, del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides), a 25 mil nuevos beneficiarios del departamento de Guatemala, en condiciones de vulnerabilidad.
Se va a “duplicar el número de favorecidos porque vamos a pasar de 25 mil a 50 mil en las áreas urbano-marginales”, dijo Abelardo Pinto, titular del Mides.

Al ser consultado cuáles son los criterios para otorgar el beneficio, respondió que el citado programa ya los tiene establecidos. Va para jefas de hogar, que pasan por evaluaciones socioeconómicas.

“La segunda medida está dirigida a áreas rurales donde se otorgará un bono único de 1 mil quetzales a 100 mil familias en extrema pobreza y sin energía eléctrica”, aseguró el presidente Bernardo Arévalo. Para este caso, ya se cuenta con bases de datos y se van a priorizar los lugares más pobres y vulnerables, principalmente, el Altiplano occidental, Corredor Seco y las Veparaces, detalló Pinto.

En total se invertirán 150 millones de quetzales, que incluyen los gastos administrativos. “Tengo entendido que el Ministerio de Economía junto con el de Finanzas están haciendo la provisión”, respondió el funcionario al cuestionamiento de si ya cuentan con los recursos económicos. Los aportes llegarán mediante depósitos monetarios que pueden ser retirados con una tarjeta de débito.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Mario León
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Postuladora aplaza primera sesión por falta de quórum

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La primera reunión de la Comisión de Postulación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue suspendida ayer, debido a que no asistieron los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Francisco Marroquín (UFM) y Mariano Gálvez (UMG).

La incomparecencia de los citados profesionales es porque no han sido juramentados por el Congreso, motivo que les impide entrar en el proceso de selección de candidatos a magistrados, de acuerdo con lo indicado.

Miquel Cortés, presidente de la postuladora, señaló a los medios de comunicación que el decano de la UFM, Milton Estuardo Argueta, renunció, por lo que esa casa de estudios deberá nombrar a uno nuevo y ser autorizado por el Legislativo para integrar la citada comisión; mientras, el de la UMG, Luis Antonio Ruano, espera que el Parlamento le dé el visto bueno.

Cortés indicó que la agenda que había sido programada para la reunión incluía definir el cronograma de trabajo con el horario de las sesiones, lo cual esperan retomar en el menor tiempo posible. Ante esta situación, afirmó que será enviado de inmediato un oficio a Rectoría de la UFM y a la Presidencia del Legislativo, para que se haga el nombramiento y las juramentaciones respectivas.

Comisionados que representan a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y del Colegio de Abogados pidieron la suspensión de la junta, ya que por no estar integrados podrían recibir algunas
impugnaciones.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, lamentó el incidente e indicó que debido a la “irresponsabilidad de dos universidades” se tuvo que posponer la primera reunión de la Comisión de Postulación.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Presidente señala que 95 diputados están contra el pueblo

Vamos, UNE y Cabal bloquearon ayer el Estado de Calamidad; diputada Gutiérrez señala intimidación.

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Rodrigo Pérez y Josselinne Santizo Redacción

«Mientras en las calles el pueblo se debate la vida moviéndose para transportar mercancías en carreteras deplorables; mientras en las comunidades la gente pierde sus casas y arriesga la vida, 95 diputados del Congreso le fallaron de nuevo al pueblo”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo, en alusión a que la oposición en el Legislativo bloqueó el Estado de Calamidad.

Con su accionar, los legisladores “le negaron a los necesitados la posibilidad de acciones inmediatas. Estos 95 parlamentarios tienen que darle explicaciones al pueblo”, afirmó el jefe de Estado.

Arévalo aseguró que el Gobierno en ningún momento ha dejado de trabajar; lo ha hecho con los recursos que tiene y lo seguirá haciendo a pesar de que los opositores negaron los recursos de emergencia que existen para atender las necesidades de la población. “Vamos a seguir trabajando y buscando mecanismos para dar soluciones prontas a las necesidades que existen”, puntualizó.

Larga sesión

En la sesión extraordinaria de ayer, que duró cuatro horas, el Congreso improbó con 95 votos el Estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo el pasado lunes, para atender de manera urgente y ágil las emergencias provocadas por la época de invierno.

En la decisión legislativa pesaron los votos de las bancadas Vamos (31), Unidad Nacional de la Esperanza (22) y Cabal (15), que sumaron 68 votos, lo que representa el 72 por ciento del total con que se bloqueó la medida de excepción. La determinación también fue respaldada por Visión con Valores (9), Valor (7) y Todos (4), que sumaron 20 votos; es decir, un 21 por ciento del total.

El resto de sufragios fueron de Comunidad Elefante (2), y Nosotros, Cambio, partido Unionista, CREO y partido Azul, estos últimos con un voto cada uno.

Deploran decisión

“Lamentamos que no se haya aprobado el Estado de Calamidad, estamos viviendo una emergencia y para esto el Gobierno necesita instrumentos que fortalezcan su actuar para dar respuesta a esto”, afirmó José Carlos Sanabria, diputado electo por el Movimiento Semilla.

En similares términos se pronunció Andrea Reyes, diputada de la misma agrupación política. “La mayoría de la población se encuentra con el agua hasta el cuello y los congresistas no tuvieron el valor de responder ante la emergencia. Lamentamos mucho la situación, pero el pueblo se los va a demandar”, dijo Reyes.

Gustavo Cano, alcalde de Huehuetenango, Huehuetenango, dijo: “Respeto la decisión del Congreso; sin embargo, un fondo de emergencia es el único camino para atender una realidad tan difícil de la infraestructura vial del país”.

Bernabé Xicay, jefe del ayuntamiento de Zunil, Quetzaltenango, afirmó: “Espero que lo hayan hecho conscientemente, seguiremos trabajando contra la corriente. Estamos preparados para trabajar”.

La legisladora de Winaq, Sonia Gutiérrez, quien sí votó a favor de aprobar el Estado de Calamidad, afirmó que fue intimidada por diputados de Vamos, para obligarla a regresar al Pleno, luego de la
improbación de la medida.

Redacción DCA Fotógrafo: Cecilia Vicente
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Denuncian red corrupta en cartera de Comunicaciones

Director y subdirector de Caminos fueron destituidos por injerencia
en junta calificadora para adjudicar reparación de tramo carretero.

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Otra posible red de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) fue develada ayer por el presidente Bernardo Arévalo y el titular de la citada cartera, Félix Alvarado.
Esta red criminal, presuntamente encabezada por el director y subdirector de Caminos, Gilberto Guerra y Víctor Rosales, respectivamente, habrían saboteado el proceso de contratación para reparar la autopista Palin-Escuintla, de acuerdo con el mandatario.

El jefe de Estado dijo que la improbación del Estado de Calamidad reveló que las mafias siguen aferradas en las instituciones públicas y continúan ejerciendo presión en las entidades cooptadas, como el caso del CIV, que durante toda esta semana estuvo bajo señalamientos y ataques por parte de políticos y sectores que, aparentemente, les sigue el juego, pero están en contubernio.

“Este gobierno llegó con la deteminación de ponerle fin a las esctructuras criminales que por décadas han operado en el país. Lo estamos haciendo y le estamos tocando las fibras más sensibles.

Como consecuencia, vemos la articulación de esa minoría que se resiste a sacar las manos de las instituciones del Estado que han estado abusando para beneficio particular”, dijo el gobernante.
Arévalo insistió en que las mafias siguen queriendo aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables y prefieren ver un país en ruinas que perder los privilegios.

“El Gobierno y el pueblo ya no tolerarán que unos pocos que han perdido el poder espurio, que acumularon por muchos años, se resistan a los cambios a costa del sufrimiento del pueblo.

A quienes creyeron que extorsionando para lograr plazas o esparciendo mentiras lograrían lo que buscaban, quiero invitarlos a escoger bien de qué lado estarán: de una mafia de corruptos o de su pueblo
digno que le demanda cambios urgentemente”, expresó el Presidente.

El 22 de mayo pasado, el Ejecutivo descubrió una red de prostitución que operaba en la anterior administración, la cual fue denunciada ante el Ministerio Público por la Comisión Nacional contra la Corrupción.

Obstaculizaron accionar

Por su parte, Alvarado indicó que el deslizamiento de tierra en la citada ruta desnudó las falencias de décadas y la operación que persiste de actores corruptos “por un sistema que tiene efectivamente cooptada una parte de lo que ocurre dentro del ministerio”, al referirse, en este caso, a Caminos.

El funcionario explicó que para la respuesta a la emergencia en el mencionado tramo carretero se previeron adjudicaciones dentro de los primeros días del Estado de Calamidad. En el primer intento de encontrar oferentes hubo solo un candidato con una oferta con sobreprecio, cifra que alcanzaba el presupuesto total para responder a las emergencias para las lluvias en las vías.

Luego, por medio de una licitación por invitación de una empresa se recibieron ofertas, incluso, por un tercio de la oferta original. Sin embargo, indicó que el director de Caminos intervino en la Junta de Calificación que evaluaba al mejor candidato.

Como resultado, Alvarado aseveró que uno de los miembros de la aludida instancia, que ya había dado su opinión positiva al asunto, se retractó y se separó del proceso; ello obligó a anular el contrato.

Se accionará en su contra

En respuesta, el Gobierno decidió destituir a los funcionarios y proceder con una denuncia penal. Arévalo y el ministro Alvarado atribuyeron estas acciones como una actuación desesperada de quienes buscan mantenerse bajo el manto de la corruptela y están enquistados en las instituciones.

La celeridad del Estado de Calamidad, que seguía vigente, provocó que la mano de la corrupción se
hiciera visible, expresaron.

Foto: cortesía CIV
Josselinne Santizo Fotógrafo: Archivo
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