Una nueva investigación periodística realizada por el Diario de Centro América (DCA) vuelve a evidenciar la vulnerabilidad en que se encuentran los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ante la renuencia de las autoridades de la citada entidad a acatar resoluciones judiciales para la entrega de medicamentos.
Según el trabajo efectuado por este matutino, la negativa de las autoridades del Seguro Social a acatar fallos de tribunales favorables a los pacientes le costó la vida a Orbelina Ortega Rosa, quien, cita el Registro Civil de las Personas, falleció el 28 de enero recién pasado, dos meses y seis días después de haber recibido el amparo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Mieloma y Enfermedades Conexas (Asoguami), por lo menos 80 de sus integrantes y afiliados al IGSS han sido protegidos por el Organismo Judicial y están a la espera de que se les entreguen los fármacos, lo que les permitirá prolongar su existencia y/o mejorar su calidad de vida.
El tema está, íntimamente, ligado con la lista de medicamentos que dispone el Instituto, el cual no refleja la amplia gama de fármacos que la ciencia pone al servicio de los enfermos, fuera de que tampoco muestra precios competitivos o acordes al mercado. Otro elemento que debe considerarse es la potestad que se atribuyen las autoridades del IGSS a desacatar los amparos, así como las responsabilidades penales en las que podrían incurrir, sobre todo cuando su resistencia atenta contra la integridad física de agremiados.
De igual manera, es preciso analizar el papel que asumen el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, a las que los jueces notifican sus determinaciones. En fin, Guatemala demanda que el Seguro Social y las dependencias que tienen que ver con la salud de los connacionales sean más empáticas y solidarias con el dolor de los ciudadanos.
